08/01/2020 - 15:54

Juzgan a un fisioterapeuta por una estafa con falsos tratamientos de células madre

El detenido habría engañado a dependientes y menores en sillas de rueda

Juzgan a un fisioterapeuta por una estafa con falsos tratamientos de células madre
Imagen de los Juzgados de Arucas (Foto Francisco Javier Toledo)

TELDEACTUALIDAD

Las Palmas de Gran Canaria.- El Juzgado número 2 de Arucas considera que existen indicios para juzgar por estafa e intrusismo a un fisioterapeuta detenido en 2011 por vender falsos tratamientos con células madre a pacientes con problemas neurogenerativos con la promesa de que volverían a caminar.

 

En un auto hecho público este miércoles, el juez encargado del caso pone fin a más de ocho años de instrucción y declara formalmente procesados a Santiago S. y a su esposa, Florencia G., a la que considera no solo conocedora, sino partícipe del plan fraudulento que se llevaba a cabo en la clínica de ambos en Firgas.

 

A la espera de que se celebre el juicio, el instructor estima que existen pruebas para mantener que Santiago S. se aprovechó de la reputación de una empresa de EEUU a la que decía representar y, sobre todo, de "la desesperación" de familias con menores en silla de ruedas o dependientes de un andador para "ejecutar un plan con el que lucrarse de manera ilícita", vendiendo falsos tratamientos.

 

El acusado, dice el juez, llegó a cobrar 55.800 euros a algunos pacientes haciéndoles creer que iban a recibir una rehabilitación puntera con células madre supervisada desde EEUU por la empresa Bioscitex, supuestamente capaz de revertir la lesión neuronal que les impedía caminar, cuando todo lo que hacía con ellos era darles masajes y ponerles inyecciones de hormonas del crecimiento (en este último caso, sin título médico alguno que le habilitase para ello).

 

Santiago S., relata el auto, regentaba en Firgas una clínica de rehabilitación que llegó a estar concertada con la sanidad canaria, hasta que en 2008 el Gobierno de Canarias le retiró la condición de centro concertado y, con ello, la subvención pública.

 

En ese momento, añade el instructor, "a sabiendas de su falsedad, el se arrogó la representación en España de Bioscitex Inc., prestigiosa empresa estadounidense" que emplea técnicas vanguardistas con células madres en tratamientos de rehabilitación de personas con lesiones neuronales que les impiden caminar.

 

Con una activa campaña de promoción en prensa e internet, los Santiago S. y su esposa lograron captar a numerosos pacientes con problemas neurodegenerativos (el auto cita hasta 37 perjudicados) a los que apremiaban para que firmasen cuanto antes un contrato de tratamiento por el que efectuaban un primer pago de 3.100 euros, seguido de una mensualidad de 400 euros hasta lograr el alta.

 

El procesado y su esposa, añade la resolución, hacían creer a sus clientes que corría prisa que firmasen, diciéndoles que solo los cien primeros podrían beneficiarse de una ayuda del Servicio Canario de la Salud que cubriría el 90 por ciento del coste del tratamiento ("cosa totalmente falsa", remarca el juez).

 

El engaño funcionó hasta que varios pacientes comenzaron a impacientarse, porque en la clínica solo recibían masajes e inyecciones de una jeringuilla que Santiago S. solía sacar del bolsillo del chándal que vestía durante los tratamientos.

 

Algunos de ellos mandaron a analizar el contenido de la jeringuilla, lo que precipitó el cierre de la clínica, porque la Agencia Nacional del Medicamento advirtió al Gobierno de Canarias de que allí se administraban hormonas del crecimiento sin título médico habilitante ni permiso y este la clausuró en julio de 2011.

 

Hasta entonces, Santiago S. y su esposa se quitaban de encima a los pacientes molestos porque no llegaba el tratamiento prometido alegando que la máquina puntera que supuestamente habían comprado para los implantes de células madres estaba "retenida en la aduana".

 

El juez sobresee el caso para el resto de imputados por la supuesta estafa -otros familiares de los procesados o empleados de su clínica-, entre ellos una médica. De esta última dice que "resulta extraño" que fuera "completamente desconocedora" de lo que ocurría, pero reconoce que no existen indicios para incriminarla en el plan de Santiago S. y Florencia G.

 

En este caso están personados como acusación no solo el Ministerio Fiscal y algunos de los perjudicados, sino también el Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas y el de Fisioterapeutas de Canarias. EFE

 

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