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Opinión -21/12/2020 - Actualizada a las 07:32
Colaboración

Ley Celaá: a prisa y corriendo

José Miguel Álamo

Una vez más, en España se hace famosa la educación cuando se entra en el debate; uy perdón, no ha habido debate; quería decir cuando se intenta aprobar una nueva ley. En este caso más rápido que nunca. Se ha convertido en “marca de la casa”, aprobar leyes en pandemia, sin diálogo y a prisa y corriendo. De todas maneras, ya saben, vivimos en un mundo donde nada es lo que parece.

 

Es lamentable que en la situación que estamos, no se haya aprovechado para llegar a un consenso con ese tan deseado, “pacto por la educación”. Precisamente por opciones políticas que denuncian la falta de diálogo y que tanto presumen de ser tolerantes y demócratas. Más allá de partidismos, es que representantes de los distintos agentes del sistema educativo han expuesto las carencias de esta nueva norma. Aquí y ahora, quiero exponer algunas opiniones de los representantes del profesorado.

 

Por un lado, tenemos a los sindicatos más cercanos a los partidos políticos que gobiernan en este país pero que han perdido relevancia social pasado el tiempo. Sin argumentos concretos y con generalidades, aunque también han dicho que hay aspectos que negociar, apoyan. Sólo, igual que los partidos que gobiernan, para derogar la ley anterior, porque es del PP. La época de fundamentar las ideas con criterio e independencia, con los Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez y Nicolás redondo, ha pasado. Si en la actualidad, preguntas quiénes son los Secretarios Generales de UGT y CCOO, el porcentaje de respuestas correctas sería muy bajo.

 

Por otro lado, CSIF (Central Sindical Independiente y de funcionarios), se ha quejado de que esta ley parte sin consenso y sin recursos. Hay un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa, para afrontar los graves problemas de la educación en España: el fracaso escolar, el paro juvenil y las diferencias que hay entre comunidades autónomas. Además, añaden que, con esta nueva norma, se rebajará el nivel de exigencia para aprobar, en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos.

 

También los representantes de ANPE, Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza, han explicado que la ausencia de diálogo y la falta de negociación conducirá a que será una ley derogada o modificada cuando haya cambio de gobierno, como ha ocurrido hasta ahora. Destacan que es un proyecto que lo llevan a la prisa, para derogar la LOMCE y que se ha convertido en un texto “ideologizado con medidas que polarizan y fraccionan cada vez más la posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo”.

 

Seguramente, con críticas como las que hemos expuesto, era la oportunidad para demostrar y no hacer lo que dicen que se hizo con la ley anterior. Con un compromiso de estabilidad y equilibrio y fundamentada en el consenso. Y que sea una auténtica reforma educativa, no, nuevos parches. Con un pacto de mínimos para que la educación no sea “moneda de cambio”. Y, sobre todo, con un principio básico y es que toda reforma educativa no se debe realizar a espaldas de quién todos los días en el aula, la lleva a la práctica, el profesorado.

 

De forma permanente y desgraciadamente, casi como elemento estructural, la lucha contra el abandono escolar, que este año 2020 alcanzó sus cotas más bajas con algo más del 17%; se ha convertido en un reto, la Unión Europea le ha marcado deberes a nuestro país en este sentido para que no seamos “los peores de la clase”. La pregunta concreta sería: ¿En esta ley qué aspectos se regulan para que contribuyan a ir reduciendo esta cifra? En Canarias es de más del 20%.

 

Debemos entender la educación como el principal recurso de un país. El artículo 27 de la constitución debe ser la base del pacto educativo para un sistema fundamentado en la libertad, la equidad, la calidad y la búsqueda de la excelencia. Esta calidad se basa en atender a las expectativas del profesorado, del alumnado y de los diferentes agentes sociales, se trata de emparejar, la oferta y la demanda, para que se desarrolle una verdadera igualdad de oportunidades, mecanismos de movilidad y promoción social, es sin duda, también, la mejor herramienta para crear empleo, desgraciadamente, las tasas de fracaso escolar y desempleo están casi siempre a la par.

 

Al final, si queremos acabar con la educación como arma ideológica, debemos aceptar que el consenso pasa por aceptar que los resultados tardarán en verse. También sería importante que cuando te sientas a negociar para verdaderamente, conseguir el “interés general”, hay tres fundamentos: Primero, focalizarnos en los problemas importantes de nuestro sistema educativo y dejar los factores que nos distancian. Pensar sólo, en cuáles son los verdaderos problemas del sistema, en esto hay muchos puntos de encuentro. Segundo, ir llegando a acuerdos y no creer que vamos a “cerrar un pacto”. Tercero, compartir la visión de sociedad de cara al futuro, pensar en nuestros hijos e hijas o en nuestra juventud en general, para dejarles un mejor mundo.

 

José Miguel Álamo Mendoza es vicesecretario Acción Sectorial  del PP de Gran Canaria y secretario ejecutivo regional de Educación.