12/03/2018 - 15:26

Caso Faycán: El fiscal pide penas acordes con la "preocupación ciudadana" y las defensas alegan "trama artificial"

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia tras doce sesiones repartidas en dos meses, muchas menos de las inicialmente previstas

Caso Faycán: El fiscal pide penas acordes con la
La sala durante la última sesión del juicio celebrada este lunes (Foto Efe)

TELDEACTUALIDAD

Telde.-  El fiscal del "caso Faycán" ha reclamado hoy una sentencia condenatoria para los siete de los 28 acusados que aún mantienen su inocencia en la trama de comisiones ilegales en Telde (Gran Canaria) que "de una debida respuesta" a "la preocupación del ciudadano" por la corrupción.

Las defensas de estos acusados, entre los que figuran los exalcaldes de la ciudad Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP, han pedido, en cambio, a la Audiencia de Las Palmas que cierre con la absolución de sus clientes una causa que consideran que fue construida en su día solo para "dañar al Partido Popular" y en la que perciben múltiples irregularidades.

El letrado que representa al PP como posible responsable civil subsidiario de los delitos, el senador autonómico Jorge Rodríguez, ha afirmado en este sentido que la Fiscalía Anticorrupción buscaba "causar daño" a su partido con la construcción de una trama de corrupción "escandalosa" que ha generado miles de titulares en los medios de comunicación desde que fue destapada, hace casi 13 años.

Rodríguez ha señalado que el Ministerio Fiscal montó de "manera tramposa" una trama "artificial" sobre el presunto desvío de dinero público del Ayuntamiento de Telde a favor del PP, cuando debió de haber indagado sobre los años anteriores a 2003.

Por su parte el letrado Álvaro Campanario, defensor de otro de los acusados, ha subrayado que la presión que se generó sobre los implicados en este caso en su día fue tal, que, a su juicio, está detrás del suicidio de la edila de Contratación, María Antonia Torres, señalada por el fiscal como la cabecilla de la trama.

 

Visto para sentencia
El juicio del Caso Faycán ha quedado hoy visto para sentencia tras doce sesiones repartidas en dos meses, muchas menos de las inicialmente previstas, porque 21 de los procesados (funcionarios municipales, empresas y cargos públicos de la segunda ciudad de Gran Canaria) se declararon culpables de haber pagado o cobrado comisiones a cambio de tratos de favor por parte del Consistorio. 

 

Un sistema para financiar al PP y el enriquecimiento personal

El fiscal Luis del Río ha considerado probado que tras las elecciones de 2003, en el mandato del PP-AFV-Ciuca, varios componentes de ese gobierno acordaron organizar un sistema para financiar al PP primero y después para enriquecerse los participantes de la trama con el cobro de comisiones ilegales a las empresas para adelantar pagos del Ayuntamiento y adjudicar obras.

Del Río solicita para los siete acusados que defienden su inocencia penas que no superan los dos años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, contra el mercado, malversación, fraude y blanqueo de capitales, al considerar que se debe aplicar a todos ellos la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas.

Esta atenuante también la tuvo en cuenta el fiscal con los otros 21 acusados que se han conformado con condenas que tampoco superan los dos años por su participación en esta trama.

Según Del Río, para poder actuar como lo hicieron fue determinante la decisión del entonces alcalde Francisco Valido de anular las órdenes de pago de 2003, contar con empresas dispuestas a pagar comisiones y el no disponer de un plan de disposición de fondos al que estaba obligado el Ayuntamiento.

Además, sostiene que fue esencial la actuación del asesor de la concejal María Antonia Torres, Francisco Gordillo, acusado que reconoció los hechos durante la instrucción y que era el que se ponía en contacto con las empresas para que abonaran las comisiones que después repartía la edil fallecida, según ha recalcado Del Río.

El fiscal ha pedido a la sala que valore las declaraciones que prestó inicialmente Gordillo, ya que en el juicio alegó problemas de memoria cuando fue interrogado sobre los hechos, si bien las defensas han reclamado al tribunal que no tenga en cuenta nada de lo aportado por esta persona por su "falta de credibilidad".

El juicio ha concluido con el derecho a la última palabra que han ejercido solo dos de los acusados, el que fue secretario de Ciuca cuando se constituyó como plataforma ciudadana, Agustín León Suárez, y el empresario Domingo Juan Campos, quienes han insistido en su inocencia y en los "errores" cometidos en las diligencias y en el "calvario" que han pasado estos años.

Los abogados han coincidido en que en este juicio no están los "principales implicados" en esta trama y han lamentado que el fiscal no haya expresado su preocupación por el "circo mediático" en que se convirtió el caso desde sus inicios. EFE

 

El fiscal sostiene que el silencio de los exalcaldes de Telde acusados en Faycán corrobora su culpabilidad

Iván Suárez/CanariasAhora

El fiscal del caso Faycán, Luis del Río, sostiene que el silencio que han mantenido durante el juicio los dos exalcaldes de Telde procesados en la causa, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, refuerza las pruebas de cargo contra ellos y confirma su culpabilidad. El representante del Ministerio Público ha explicado este lunes, en la presentación de sus conclusiones, que el hecho de que el primero  se haya acogido a su derecho a no declarar y la segunda  se haya negado a contestar a sus preguntas (sólo respondió a las de su abogada) no se puede valorar per se como prueba, ni siquiera como indicio, pero sí como “elemento de corroboración”. “Es un dato indicativo de que carecen de una explicación razonable sobre los indicios incriminatorios en su contra”, ha manifestado.

 

Durante algo más de una hora, el fiscal ha descrito en su informe final el modo de operar de la trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde gobernado en coalición por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007. Luis del Río ha recordado que estos dos partidos decidieron organizar un sistema para obtener fondos de forma ilícita a través de contrataciones públicas a cambio del pago de comisiones. La financiación irregular del PP, salvo en el caso de la reforma de su sede pagada con fondos públicos, en el fondo era tan sólo “un pretexto”, puesto que la trama sirvió “para enriquecer a casi todos los que participaron” en ella, para aumentar el patrimonio propio.

 

 

“Lo esencial eran las comisiones, no el servicio”. Las empresas que accedían a pagar se beneficiaban de la adjudicación de obras del Ayuntamiento (a través de una tramitación formalmente correcta de contratos menores o negociados sin publicidad, los procedimientos más opacos de la administración pública) o de un trato prioritario en el cobro de facturas en un momento en el que la corporación local estaba al borde de la bancarrota. A ello se le sumaba la confección de facturas falsas para compensar a los empresarios por las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones, según ha relatado Del Río.

 

Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el grupo de gobierno formado tras las elecciones de 2003 anuló nada más asumir el bastón de mando, “sin criterio objetivo y de forma parcial”, órdenes de pago del Ayuntamiento, en concreto, 13 de los 26 millones pendientes de abono (20 del ejercicio corriente y 6 del ejercicio cerrado), y no aprobó un plan de disposición de fondos para poder priorizar los pagos. En este sistema orquestado por la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, entonces concejala de Obras Públicas, “se dejaba fuera al tesorero”. “El listado (de empresas beneficiarias de la trama) lo elaboraban el concejal de Hacienda (Carmelo Oliva) y el interventor (Enrique Orts) y el alcalde (Francisco Valido) consentía la situación”, ha narrado el fiscal, que ha precisado que el asesor de Torres, Francisco Gordillo, era quien “gestionaba las comisiones”.

 

Luis del Río considera que la abundante documental que obra en la causa, las conversaciones telefónicas interceptadas, las pruebas periciales y las declaraciones de los coimputados convertidos en testigos (los veinte de los 28 procesados que confesaron) dan por acreditados los hechos. Para el representante del Ministerio Público, “la sucesión de actos de esta naturaleza llevan a una situación tan escandalosa como la vivida en Telde”, con una deuda millonaria que aún arrastra. “No podemos hablar de que la corrupción está generalizada, sería incierto, pero el nivel es preocupante y así lo percibe el ciudadano (…) Es necesario dar una debida respuesta”, pues, de lo contrario, “las empresas que quieran trabajar honradamente serán espantadas”.

 

La declaración de Francisco Gordillo, asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama, ha sido uno de los aspectos más controvertidos del juicio. El fiscal Anticorrupción ha recurrido a la doctrina del Tribunal Constitucional para otorgar valor a su testifical (fue uno de los acusados arrepentidos) a pesar de las contradicciones en las que incurrió. El alto tribunal entiende que las declaraciones de los coimputados son aptas siempre que aparezcan corroboradas por datos, aunque la coincidencia no sea plena. Basta con que sea “mínima”. Del Río ha precisado, no obstante, que la comparecencia de Gordillo sólo ha sido utilizada por su parte para incriminar a dos acusados, Agustín León y Domingo Campos, y que en relación al resto su testimonio es “un indicio más”.

 

Acusaciones con pruebas

En la lectura de sus conclusiones, el fiscal ha desgranado las pruebas con las que cuenta para pedir la condena de los procesados, que en cualquier caso se librarán de entrar en prisión  debido a la sustancial rebaja de penas que ha planteado tras aplicarles la atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas.

 

El representante del Ministerio Público acusa a Francisco Valido, alcalde de Telde en el momento de los hechos y actual secretario político del PP en el municipio, de anular las órdenes de pago y evitar elaborar un plan de disposición de fondos para permitir que María Antonia Torres y Francisco Gordillo pudieran establecer el sistema de comisiones ilegales. Las testificales de los interventores delegados,  de los responsables de la Tesorería y el reconocimiento de los hechos por parte del concejal de Hacienda y del interventor general, unidas a las firmas en los mandamientos de pago con carácter prioritario a las empresas de la trama, demuestran, en opinión del fiscal, que Valido sabía cómo y a quién se pagaba.

 

Con respecto a la imputación de cohecho, ha aludido al informe de la Agencia Tributaria que  detectó ingresos sin justificar en la unidad familiar del exalcalde por un valor total de más de 90.000 euros y a dos documentos hallados en el registro a la casa de María Antonia Torres, una libreta y una hoja de un bloc de un hotel de Venecia, que señalan a Valido como uno de los perceptores de los sobornos de los empresarios. El fiscal sostiene que el informe de parte presentado por su defensa para tratar de justificar ese desfase incurre en numerosos errores que lo invalidan.

 

En cuanto a María del Carmen Castellano, la acusación del Ministerio Público se sustenta en conversaciones telefónicas y en facturas que demostrarían que la entonces concejala de Desarrollo Local, luego alcaldesa y presidenta del PP de Telde, participó en la operación para financiar la sede del partido con fondos públicos, a través de un programa de empleo de ese departamento. Para ello, una de las empresas de la trama, Felipe y Nicolás Ojeda, habría emitido con cargo a esta concejalía facturas falsas, con pedidos que nunca se sirvieron.

 

Las llamadas telefónicas interceptadas durante la investigación también son claves para incriminar a otros cinco acusados. En su informe de conclusiones, el fiscal trató de demostrar que José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, y Emilio Hernández, arquitecto municipal, concedieron la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad para la vivienda de Francisco Gordillo a pesar de que este había instalado una pérgola “con cerramiento” en la terraza que contravenía el proyecto y el Plan General.

 

Por su parte, el auxiliar administrativo Juan Felipe Martín figura como cooperador necesario de delitos de prevaricación, cohecho y contra el mercado. En la investigación se registraron varias conversaciones telefónicas con Francisco Gordillo en las que el asesor de María Antonia Torres le decía qué empresa se debía llevar la adjudicación en los procedimientos negociados sin publicidad que tramitaba. Tal y como recordó el fiscal en su informe, el funcionario municipal reconoció en su primera declaración durante la fase de instrucción que ya se sabía de antemano a qué empresa se le iba a adjudicar el contrato y que se invitaba a otras dos “para cubrir el expediente”.

 

Con respecto a Agustín León, secretario de la plataforma ciudadana Ciuca en el momento de su constitución, y al empresario Domingo Campos Barreto, de Gráficas Atlanta, la principal prueba de cargo es la declaración de Gordillo. Al primero lo sitúa como perceptor de la mitad de una comisión de 180.000 euros de la constructora Mazotti para facilitar la adjudicación del proyecto del aparcamiento de Los Picachos. Al segundo lo acusa de pagar dádivas a cambio de un trato prioritario en el cobro de facturas municipales. También en estos casos la acusación se refuerza con las conversaciones interceptadas.

 

El octavo procesado es el arquitecto municipal Esteban Cabrera, que reconoció los hechos en su declaración, y para el que ha pedido que se dicte una sentencia de conformidad en los términos planteados en la anterior sesión. 

 

Comentarios

  • así va el país.
    14/03/2018 - 21:52

    Me parece fascinante que el fiscal pida las condenas en base a la "preocupación ciudadana". No se supone que cuando condenas a una personas es por su actitud delictiva y no por la preocupación de los demás. Lo que me da a entender esto es que no tiene razones contundentes por el cual condenarlos. Aprenda el significado de justicia porque me parece que el concepto que tiene no es el correcto.

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  • Canutos a 600€
    14/03/2018 - 13:10

    Mientras al ciudadano se le persigue y no se le pasa una, Teniendo en cuenta la campaña de recaudación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sobre todo dirigida está campaña de recaudación a la juventud que no tengan condenas ejemplarizantes estos políticos es de risa. Se sentirán satisfechos cuando multan a los Porretas y luego a los verdaderos no les pasa nada ? Por no decir que las penas económicas son de risa y nada proporcionales a sus supuestos delitos. Eso sí 600€ por un canuto y se creen los salvadores el país.

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  • María, de Telde.
    14/03/2018 - 09:44

    El fiscal pide penas acordes con la "preocupación ciudadana", vaya visión poco realista tiene el fiscal sobre la preocupación que tiene la ciudadanía en el tema de la corrupción. Tal vez sea él, el fiscal, el que tiene una escasa o nula visión sobre la preocupación por la corrupción política que hay en España. También cabe la posibilidad de que crea, presuntamente, que la clase política debe tener un trato de favor por parte de la Justicia a la hora de enjuiciar sus actos, sus corruptelas políticas. En cualquier caso, me parece vergonzosa la petición de penas que se hace.

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  • Paco Falcón
    14/03/2018 - 09:36

    Sensi, con las leyes actuales pasa lo que está pasando, y tu aprovechas que no se ve Tunte desde aquí pa meter a Podemos en el saco donde nunca ha estado. Las obsesiones tienen eso, que son como un árbol que no dejan ver el horizonte

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  • J.A.
    14/03/2018 - 08:43

    Que devuelvan el dinero adquirido ilícitamente, no de acuerdo con penas de dos años no son proporcionales, entiendo que es un caso mas de los que se han juzgado en toda España y con un denominador común...

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  • J.A
    14/03/2018 - 08:38

    No debe ser acorde con los delitos, aprovechándose de su status y función pública entendiendo que se han votado para resolver los problemas de los ciudadanos no para su beneficio personal??? La alarma ciudadana viene cuando se le ponen dos años de cárcel por delinquir, que no es acorde, con lo que han hecho. y que no todos tienen que tener la misma pena.Los politicos y empresarios más por aprovecharse del status.

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  • Sensi
    14/03/2018 - 07:31

    y después dicen PSOE y Podemos que el Código Penal español es duro, y por ello mañana van a derogar (anular) la prisión permanente revisable, que robe, mate, viole que no pasa nada 2 añitos y ya tá.

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  • Estafa
    13/03/2018 - 16:16

    Y después roban un padre de familia para darle de comer Asus ijos y lo meten en prisión

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  • Paco Falcón
    13/03/2018 - 15:09

    Entiendo lo siguiente: 1º. Jorge Rdgz. considera culpables a todos, pero quiere que no se culpe al PP subsidiariamente; 2º. 21 acusados aceptan su culpabilidad a cambio de rebajar las penas; 3º el fiscal considera probados los delitos de Prevaricanción, Cohecho, Falsificación de documentos, Malversación, Fraude, Blanqueo de capitales…..pero que como atenuante por la DILACIÓN INDEBIDA las penas no pueden superar los dos años. Entiendo también que con la Ley en la mano, las garantías de los derechos constitucionales y humanos y todo lo que se les ocurra para salvaguarda de los “inocentes” no se puede hacer otra cosa a nivel judicial. Ahora bien, nosotros, el pueblo, sí que podemos tomar medidas: Nunca más votar por LOS indeseables sabidos y demostrado, además de reconocido por ellos mismos. ¿Somos o no personas inteligentes, consecuentes y con criterio? De nosotros depende.

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  • Antonio O.
    13/03/2018 - 14:23

    Una vez más, para no cambiar, la !justicia" se mofa de la ciudadanía. Que un abogado digan que todo el Faycan fue un montaje, parecerá desvergonzado, pero su labor es defender a su representado; otra cosa muy distinta es la opinión de aquellos que vienen llamados a aplicar la Ley en sus justos términos. Hace algunos años, un familiar del desaparecido Juan Vega Yedra, me comentó que en ocasiones silenciaba su origen, pues el hecho de ser español, era sinónimo de ladrón. y fascista. Han pasado muchos años, nuestra "Democracia está bien "asentada", pero seguimos siendo espectadores, de una generalizada corrupción político-social, fruto de los continuos Vodeviles judiciales de los que somos testigos. Sólo cabría preguntar ¿Tiene esta falsa un digno final? O se hace realidad aquel dicho que nos dice "Los ladrones son gentes honradas y honorables, y, los Magistrados son ángeles tocados por la varita del Mesías. ¡¡Que baje Dios y lo vea!!

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  • Juan
    13/03/2018 - 13:23

    no solo rebaja d condena lo primordial el el DINERO dl pueblo.Q lo devuelvan ya...q rabia como se ríen d tod@s los ciudadan@s.

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  • CRM
    13/03/2018 - 11:50

    después de reírse del pueblo no devuelven el dinero, y yo haría una pregunta como estaría España y Canarias si estos "" profesionales del engaño ?? Que ya está bien de reírse del pueblo y la culpa es nuestra por ponerlos hay FUERA TODOS DEL PODER Y QUE DEVUELVAN HASTA EL ÚLTIMO EURO Y NADA DE SUELDOS VITALICIOS.

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  • Belén
    13/03/2018 - 11:33

    Pues a mí me parece vergonzosa la instrucción del procedimiento. Tanta algarabía que se montó con el asunto, para esto. Mal llevado por el Fiscal, que habrá tenido sus dificultades de prueba, seguramente, pero no puede ofrecer pactos de conformidad a diestro y siniestro. Vale, que ofreciera de entrada rebajas considerables a los que se conformaran (la inmensa mayoría), pero que después de que quede acreditado totalmente en el plenario que el Técnico cobró por que se escucha la grabación, le aplique la misma vara de medir.

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  • Altozano
    13/03/2018 - 10:54

    ¡Menudo cachondeo, la justicia, en ¨Telde! Por lo que leo, el fiscal, pide penas, sólo porque a la ciudadanía le preocupa (lo cual, es muy lógico, en cualquiera de los casos) el índice de corrupción. Y si la ciudadanía, no hubiera expresado su malestar, públicamente, ¿también las pediría? ¿O se irían, de rositas, todos los acusados? Es más que obvio, que en la judicatura teldense, está fallando algo, a ojos vista. Para empezar, está más que claro, que un Juez, varias veces, recusado, no puede, de ninguna manera, formar parte de un jurado. Y mucho menos, como presidente de la mesa.

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  • Justicia
    12/03/2018 - 22:46

    Muy conforme con el comentario de ,a la espera,ninguno es inocente y el pueblo lo sabe. Al señor abogado, bien pagado, que no defienda lo indefendible. Otros no tienen ni mala conciencia,no tienen valores que trasmitir, su único fin es el dinero y por dinero todo vale.

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  • Feeet
    12/03/2018 - 21:32

    Cuando van a pedir perdón a los ciudadanos de Telde e PP yCIUCA?????

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  • Ni mas ni menos
    12/03/2018 - 21:16

    Cinco condenas de prision permanente y 23 condenas capitales.

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  • Teldense.
    12/03/2018 - 20:11

    Dejadme seguir creyendo en la justicia.! Espero una sentencia ejemplar , que nunca más nadie, pero nadie meta la mano en el bolsillo ajeno, que he trabajado toda mi vida y mucho me ha costado, y de muchas cosas me he privado para estar al día en en el pago de todos mis impuestos. Por cierto, la mayor subida de impuestos jamás vista en ésta ciudad la impusieron éstos Sres. No se pueden ir de rositas, le han hecho mucho daño a la ciudad y a los ciudadanos. No creo que haya sido ninguna "trama artificial" después de leer en los medios todas las declaraciones de los implicados en dicha trama, amén de pinchados telefónicos, informes policiales, detenciones en su día etc etc.

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  • sin más.
    12/03/2018 - 18:01

    Si al final hay que pagarles el asadero a todos " los que fueron acusados" ...nada mas... y nada menos.

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  • Abuelaencantada
    12/03/2018 - 16:24

    En el caso Faycan, para mí ninguno de ellos se puede ir de rositas y echándole la culpa al muerto; eso no. Quien se apodera ilícitamente de un dinero, tiene que devolverlo y con intereses; y si no tienen efectivo que le embraguen sus propiedades y si hiciera falta también los de sus allegados directos. No puede ser que Telde esté arruinada por esta clases de personas; es imposible. De no ser así, la justicia para mí sería decepcionante

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  • Menuda calufa oiga!
    12/03/2018 - 15:44

    Pues nada, en la tarde de hoy me iré al centro comercial a comprar el aire acondicionado que ya comienzan los calores y tengo 18.000€ sueltos y en efectivo para ello.

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  • A la espera
    12/03/2018 - 15:41

    No entiendo nada, veinte personas reconocen las aciones que se les imputan, y siete dicen que son inocentes. Me parece una tomadura de pelo, sean serios y asuman si ha habido algún supuesto beneficio ilícito. Lo digo porque la conciencia y remordimientos no les dejará descansar de por vida y no serán ejemplo de ética, valores y moral para sus hijos, quien los tenga.

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