15/01/2018 - 08:07

Ampliación: Finaliza la vista oral y continuará mañana martes con la declaración como testigos de siete procesados

Podría conllevar rebajas en las penas respecto a las que figuran en el escrito de acusaciones

Ampliación: Finaliza la vista oral y continuará mañana martes con la declaración como testigos de siete procesados
Banquillo de acusados en la vista oral de este lunes (Foto C7)

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Uno de los juicios más esperados en las islas y uno de los primeros casos de corrupción que afectó al Partido Popular arranca este lunes. Se trata del Caso Faycan que, 12 años después de saltar el escándalo, sentará en el banquillo a 28 personas.

 

Caso Faycán: Secuencias de la vista oral

12.36 horas: Finaliza la vista oral y continuará mañana martes

Tras un receso de 15 minutos, finaliza la vista oral de hoy con la aceptación de que el exfuncionario municipal Antonio Sarmiento, arquitecto, declare como perito a petición del letrado de Emilio Hernández, aparejador de Urbanismo de Telde. Las peticiones de Mena y del Partido Popular de que se declare la nulidad de las actuaciones se resolverá con la sentencia. 

 

El abogado del Partido Popular, el exdiputado Jorge Rodríguez, solicitó durante la sesión del juicio la nulidad de las actuaciones. El PP está procesado como responsable civil subsidiario por las obras ejecutadas en su sede. Rodríguez defendió la "nulidad radical y absoluta" de las actuaciones porque, entiende, que de la actuación de la organización popular en relación con este Caso Faycán no se derivan "hechos delictivos". Además, argumentó que en el "relato fáctico" del escrito de acusaciones del fiscal no hay referencia alguna al Partido Popular.

 

La segunda sesión será mañana y en ella declarará como testigos, tras cambiarse el orden de comparecencia a instancias de la abogada de Mari Carmen Castellano, el exinterventor Enrique Orts, el exconcejal Carmelo Oliva, Francisco Gordillo y su hijo, Juan Francisco Gordillo Chamorro; los dos hijos de Torres (María Eugenia y Francisco José Fernández Torres) y el empresario Antonio Nadal, directivo de la empresa Cobra. Todos ellos y el resto de los investigados que han aceptado el relato de los hechos del fiscal declararán como testigos.

 

12.02 horas: Mena pide la nulidad de las actuaciones y receso de 15 minutos

La defensa de José Luis Mena, exjefe de Urbanismo y que actualmente cumple condena en prisión por otras causas (Caso Europa y Caso Alisios), ha pedido la nulidad de las actuaciones alegando que se han vulnerado los derechos fundamentales de su representado, al acusársele ahora de delitos diferentes (falsedad documental) a los que se le imputaban en la fase de instrucción del caso. El fiscal Luis del Río se opone y recuerda que Mena siguió una estrategia similar en el Caso Europa. En su escrito de acusación, el representante del Ministerio público pide para este exfuncionario municipal 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación.

 

Receso en la vista oral de 15 minutos para que la Sala estudie algunas de las cuestiones previas planteadas por las partes.

 

11.41 horas: Un abogado de la defensa lamenta que el juez Alba presida el juicio tras ser recusado

El abogado Sergio Armario, letrado defensor del empresario Ángel Omar, acusado en el juicio del Caso Faycán, ha dicho que no esperaba que el juez Salvador Alba estuviera al frente tras la recusación que planteó por "enemistad manifiesta".

 

11.36 horas: El fiscal aplica atenuantes a todos los implicados por "dilación indebida" del proceso

El fiscal Luis del Río está aplicando atenuantes, con rebajas de penas a casi todos los procesados, respecto a las que figuran en el escrito de acusaciones, argumentando entre otras cuestiones dilaciones indebidas a lo largo de este proceso judicial que llega a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas para juzgarse casi 12 años después

 

10.56 horas: Reconocimiento de los hechos

Varios acusados admiten los hechos relatados por el fiscal con las modificaciones sobre las penas, multas e inhabilitaciones. Es el caso del exinterventor Enrique Orts, el exconcejal Carmelo Oliva, el exasesor Francisco Gordillo y su hijo, los dos hijos de María Antonio Torres, el funcionario jubilado Jorge Rodríguez, la exconcejala Candelaria Sánchez y los empresarios Antonio Nadal y José Manuel Gutiérrez Galindo, entre otros. En total, unos 20 de los 28 acusados, a quienes el fiscal Luis del Río les ha rebajado las penas que solicitaba.

 

10.16 horas: Todos los acusados sentados en el banquillo de la sala

A las 10.03 horas todos los acusados se encontraban ya en las inmediaciones de la sala donde se va a celebrar el jucio. Los dos hijos de Toñi Torres fueron los últimos en llegar. A los pocos minutos comenzaron a ser llamados uno a uno para entrar en la sala de la vista oral.  Entre los acusados, que hablaban entre ellos,  predominaban los rostros serios, aunque entre algunos de sus letrados imperaban el optimismo. Luz Navarro, denunciante de la supuesta trama es la única persona que se hallaba algo aislada del resto.  Ya en la sala, la exprimera mandataria municipal, Mari Carmen Castellano, está sentada junto al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena.

 

9.44 horas: Llegan los acusados

A partir de las 9.00 horas han comenzado a llegar a la Ciudad de la Justicia de la capital los implicados en este caso de supuesta corrupción, que ha levantado una gran expectación mediática. La mayoría de ellos, acompañados de sus abogados. Por ahora se encuentran todos los acusados, menos Carmelo Oliva y José Luis Mena.

 


Una trama con 28 acusados

Entre los acusados, dos exalcaldes de Telde, varios exconcejales de ese municipio grancanario, funcionarios y empresarios. Prevaricación, cohecho, falsedad en documento, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas, son los presuntos delitos que les imputa el Ministerio Público.

 

El origen de la trama radicada en Telde se remonta a mayo de 2003 cuando la entonces concejala de Obras Públicas del PP, Toñi Torres, junto con el interventor del Ayuntamiento Enrique Orts, el concejal, Carmelo Oliva y el exalcalde Francisco Valido diseñaron presuntamente un sistema de financiación ilícita del Partido Popular, en concreto para financiar obras de rehabilitación de la sede del partido en el municipio.

 

Para ello cobraban comisiones ilegales de entre un 6 y un 8 % a cambio de obras públicas para empresas amigas y de hasta un 20 % para dos suministradoras de cabecera de la trama.

 

En marzo de 2006 salió a la luz pública la operación Faycán con las primeras detenciones de concejales del PP en Telde de las que fue informado desde el primer momento el que fuera presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, a través sorprendentemente del delegado del Gobierno de entonces, el socialista José Segura.

 

Siete de los ocho concejales del PP fueron detenidos, entre ellos, el entonces alcalde, Francisco Valido, la también exalcaldesa en el pasado mandato, Mari Carmen Castellano y la principal implicada, la desaparecida concejala Toñi Torres que pasó dos meses en prisión.

 

Su marido, Enrique Orts, y tres de sus hijos también fueron imputados. Cuatro años más tarde, Torres se quitaba la vida tirándose del balcón de su casa de la capital grancanaria en mayo de 2010.

 

La Fiscalía pide penas de hasta siete años de prisión para el interventor Enrique Orts o de cinco para los dos exalcaldes del PP. El juicio comienza este lunes y se desarrollará en 40 sesiones que se prolongarán hasta mayo.

 

El foco además no estará solo entre los 28 acusados, sino también en el juez Salvador Alba que presidirá la sala y ejercerá de ponente. El magistrado decidirá si admite o anula pruebas, el que llegue a acuerdo de conformidad con la fiscalía con los acusados a los que podrá o no absolver o, en definitiva, el que dirija todo el debate judicial.

 

Alba es el mismo juez que está inmerso en una investigación del TSJC por conspirar contra la también magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.


Los 28 acusados

Francisco Valido. Exalcalde de Telde

Era la cabeza visible de aquel gobierno, el alcalde, y también acabó detenido, eso sí, tras varias oleadas de arrestos previas. El fiscal le acusa de dos delitos, prevaricación y cohecho, y reclama para él 6 años de cárcel y 22 de inhabilitación. Le atribuye el cobro de «al menos» 38.906 euros en comisiones y otros 49.035 euros en ingresos entre 2003 y 2006 que no pudo justificar. Su esposa no justificó otros 56.232.

 

María del Carmen Castellano. Exalcaldesa de Telde y expresidenta del PP local

Alcaldesa de 2011 a 2015, es la única política que sigue como concejal, en la oposición. Entre 2003 y 2006 fue edil de Desarrollo Local. Le piden 5 años de cárcel por falsedad de documento en calidad de inductora, y como autora de otros 4 (malversación, fraude, prevaricación y falsedad). Se expone a 14 años de inhabilitación y una multa de 20 meses a 15 euros diarios. Le atribuye 38.906 euros en comisiones y 63.516 euros sin justificar.

 

Políticos y trabajadores acusados de cobrar comisiones

La cita es textual del escrito de calificaciones del fiscal. «Financiar al PP de Telde era solo un pretexto, ya que en la mayor parte de los casos (...) actuaban con ánimo de obtener un beneficio propio. Así, el dinero obtenido pasó al patrimonio propio de la fallecida Antonia Torres y de los acusados Orts, Oliva, Valido, Castellano, Gordillo y los técnicos Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera».

 

Enrique Orts. Exinterventor municipal

El fiscal lo sitúa en el centro de la trama, junto a su mujer, ya fallecida, y le pide 7 años de cárcel por prevaricación y co-hecho. Se le atribuyen 117.032 euros de ingresos sin justificar.

 

Carmelo Oliva. Exconcejal de Hacienda.

Le piden 6 años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho. El fiscal le atribuye al menos 44.906 euros en comisiones e ingresos sin justificar de 38.264.

 

Francisco Gordillo. Exasesor de Torres y ‘cobrador’.

Acusado de prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude. Dos años de cárcel y 12 de inhabilitación. Pudo percibir 32.335 euros.

 

Esteban Cabrera. Aparejador municipal.

Le piden 13 años y 9 meses de prisión y 32 años de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. Hasta 9.000 euros en comisiones.

 

Jorge Rodríguez. Extécnico municipal.

Del Río reclama para él 11 años y 3 meses de cárcel y 24 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado y falsedad. Le acusa de 8.335 euros en comisiones.

 

Los otros seis implicados del Ayuntamiento

Guadalupe López. Exedil de Festejos (PP).

El fiscal le atribuye un delito de malversación y le pide dos años de cárcel y tres de inhabilitación, además de una multa de 4 meses a 15 euros diarios.

 

José Luis Mena. Exjefe de urbanismo.

Anticorrupción reclama para el exjefe de Urbanismo cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad documental. Está en prisión por el Caso Alisios y el Caso Europa.

 

Candelaria Sánchez. Exedil de Aguas (Ciuca).

Le piden 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación por falsedad documental, además de una multa de 10 meses con una cuota diaria de 15 euros. Es la única edil de Ciuca acusada.

 

José Luis Sánchez. Exasesor municipal.

Fue asesor de Castellano. Le solicitan 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación por falsedad, malversación de caudales públicos y fraude. Ya ingresó 5.000 euros en el juzgado.

 

Emilio Hernández. Aparejador municipal.

Del Río insta a que se le condene a cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación, más una multa de 10 meses a 15 euros diarios. Se le juzga por la licencia de la pérgola de un ático.

 

Juan Felipe Martín. Funcionario de Contratación

Era administrativo de Contratación. Le piden por prevaricación, cohecho y delito contra el mercado 6 años y tres meses de cárcel y 19 años de inhabilitación.

 

11 empresarios

Deberían figurar 12 empresarios, que fueron los señalados por el fiscal en su escrito de calificaciones, pero falta uno, Fernando Verona, tristemente fallecido en verano de 2014. Era el administrador de Acinox, la empresa que se encargó de parte de la reforma de la sede del PP, obra que, según Luis del Río, se pagó con fondos públicos.

 

Felipe Ojeda. Ferretería Felipe y Nicolás.

Le acusan de presuntos delitos de cohecho, delito contra el mercado, malversación, falsedad y fraude. Siete años y nueve meses de cárcel y multa de 538.100 euros.

 

José Manuel Gutiérrez. Empresario de Preconte.

Le atribuyen cohecho y un delito contra el mercado, por los que el fiscal insta a que se le condene a cinco años y tres meses de prisión y a una multa de 29.189 euros.

 

Pedro A. Betancor. Cementos Las Torres.

Le acusan de cohecho y de un delito contra el mercado. Luis del Río insta a que se le condene a seis años y tres meses de cárcel, y a una multa de 208.542 euros.

 

Abelardo Martínez. Exdelegado de Dragados.

Anticorrupción le acusa de cohecho por haber participado supuestamente en el pago de comisiones y le pide 2 años de prisión, además de una multa de 120.000 euros.

 

Luz Navarro. Empresaria y denunciante.

Es la exrepresentante legal de Servicios Comunitarios de Telde. Destapó el caso con su denuncia a la Policía. Está acusada de cohecho y le piden seis meses de cárcel.

 

Alejandro Navarro. Exdirectivo de Mazotti.

Por cohecho y un delito contra el mercado le reclaman 4 años y 8 meses de cárcel y una multa de 360.000 euros. Según el fiscal, confesó haber pagado comisiones.

 

Domingo Campos. Gráficas Atlanta.

Es el administrador de Gráficas Atlanta y el fiscal le achaca la comisión de un delito de cohecho, por el que le pide 5 años de cárcel y una multa de 18.076 euros.

 

Antonio Nadal. Directivo de Cobra.

La Fiscalía le acusa de cohecho y delito contra el mercado. Le pueden caer cinco años y 3 meses de cárcel y la imposición de una multa de 204.868 euros.

 

Ángel Omar Súarez. Planos y Gestión.

Anticorrupción le acusa de supuestos delitos de cohecho y de un delito contra el mercado. Reclaman para él seis años y tres meses de cárcel y multa de 165.412 euros.

 

Víctor Rosales. Comercial de Iturri.

Le atribuyen a este empleado un supuesto delito de cohecho y otro contra el mercado. El fiscal solicita una condena de 4 años de cárcel. Y una multa de 33.845 euros.

 

Salvador Santana. Empresario marido de López.

Es el esposo de la exedil de Festejos, Guadalupe López, también imputada y administra varias empresas. Está acusado de hurto. Le piden año y medio de prisión.

 

Familiares

M. Eugenia Fdez. Torres. Hija de Antonia Torres.

Está acusada de blanqueo de capitales, un delito por el que el fiscal le pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión y una multa de 253.831 euros.

 

Francisco J. Fdez. Torres. Hijo de Antonia Torres.

También le atribuye blanqueo de capitales y le solicitan la misma condena que a su hermana, 4 años y 3 meses de cárcel, aunque su multa es menor: 142.297 euros.

 

Juan Francisco Gordillo. Hijo de Gordillo.

Es empleado de Cobra, otra de las empresas implicadas. Le acusan de cohecho y delito contra el mercado, por lo que le reclaman tres años de prisión y multa de 13.000 euros.

 

Agustín León. Exsecretario general de Ciuca.

Es padre de la exedil de Ciuca Raquel León. Luis del Río le achaca cohecho y un delito contra el mercado. Anticorrupción insta una condena de tres años de cárcel.

 

Fuente: TA/Cadena Ser y Canarias7.

 

Comentarios

  • Matías
    16/01/2018 - 08:59

    JUSTICIA!!!! Ellos van de decentes y son aún a sii cobrando dinerales... Y no sé de qué, por qué van a mi barrio Jinamar y solo las carreteras etc .. dan pena por desir lo más insignificante. Si la hacen que la paguen!

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  • Norberto Caceres
    16/01/2018 - 07:37

    LA DECENCIA DE DIMITIR, LO QUE HAY QUE VER EN ESTOS COMENTARIOS!!!🙈🙈

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  • Faycan
    15/01/2018 - 15:13

    Pero el acuerdo supone que devolverán el dinero con intereses, que me lo aclaren

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  • Ex militante.
    15/01/2018 - 14:58

    Presiento que ésto va ha quedar en aguas de borrajas. Tiempo al tiempo.

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  • teldense universitario
    15/01/2018 - 13:55

    Al del pseudónimo de : Lamer, le diré que es una barbaridad lo que ha dicho . Dice que dimitieron, si es verdad, pero siguieron perteneciendo al PP , como Castellano Y Valido, y se presentaron a las elecciones , y Castellano , la imputada salió alcaldesa y Paco Valido es secretario político del PP de Telde y cobrando muy cerca de 2000 euros mensuales .. Pero claro, esto es España...

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  • Declaraciones.
    15/01/2018 - 13:21

    Los Ciudadanos estamos esperando que los políticos del PP, que siguen en primera plana MUNICIPAL DEN LA CARA, tendrían que HABLAR y decirnos a sus votantes y contribuyentes que es lo que piensan y que van a hacer al respecto. YO LOS MIRO Y NO VEO QUE TENGAN NI VERGUENZA NI DIGNIDAD SINCERAMENTE ME DAN PENA. No les va a votar ni sus familiares mejor dejarán paso a otras personas si ya cosecharon un fracaso electoral van de camino de otro y SIN VERGUENZA y hundiendo el trabajo de sus compañeros que no están CONTAMINADOS POR EL FAYCAN.

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  • Afiliado
    15/01/2018 - 13:19

    El comité de disiplina y garantías de PP está tardando en pedir la dimisión.

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  • Varas de medir
    15/01/2018 - 13:18

    Los estatutos del pp dicen que cualquier cargo público u orgánico en vista abierta debe de dimitir, a qué esperan.....

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  • Vitin
    15/01/2018 - 11:23

    Vergara lonque tendrian qué tener Lamber, cómo es posible que una sea concejal y el otro secretario político. Respeto la presunción de inocencia, pero la mujer del César hay qué serlo.

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  • a Lamer
    15/01/2018 - 10:49

    Hay acusados que trabajan todavía en el Ilustrisimo, y todos le pagamos su defensa, si eso dimir. A ber como acaba esto.

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  • Lamer
    15/01/2018 - 08:41

    La diferencia entre estos y otros partidos es que estos tuvieron la decencia de dimitir. Aunque alfun@s se empeñen en ignorarlo. Otra cosa es que la leyes permitiera presentarse más tarde. Usen la neurona un poquito

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