13/04/2008 - 10:22

Caso Faycán: El juez sigue la pista a la participación de una constructora sevillana en la presunta trama de cobros ilegales de comisiones

La empresa Iturri, según las pesquisas policiales, podría haber tenido un supuesto trato para desarrollar una práctica similar a las ya acometidas con otras constructoras en Telde

Caso Faycán: El juez sigue la pista a la participación de una constructora sevillana en la presunta trama de cobros ilegales de comisiones
Enrique Orts y María Antonia Torres, dos de los imputados en el Caso Faycán (Foto cedida)
TELDEACTUALIDAD
Telde.- El número de imputados en el caso Faycán podría aumentar en las próximas semanas si el instructor de la causa, el magistrado Francisco Javier García, considera, al igual que la Policía Nacional, que dos empleados de la constructora sevillana Iturri -Víctor H. R. P. y Amadeo D. R.- también participaron en la supuesta trama orquestada por la ex concejala de Obras, María Antonia Torres; su ex asesor, Francisco Gordillo; y el marido de la edil, el interventor Enrique Orts, para proceder al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de trabajos municipales.

Los agentes remitieron el 8 de agosto un extenso informe al juez en el que se detalla, tras el análisis de un significativo número de llamadas efectuadas básicamente entre Gordillo y Amadeo D., que existía un supuesto trato para desarrollar una práctica similar a las ya acometidas con otras constructoras en Telde, según publica hoy La Provincia-Diario de Las Palmas.

La peculiaridad que se da con la firma sevillana es el hecho de que la marcha de esta empresa de Víctor H. -la persona con la que solía cerrar los acuerdos Gordillo- provoca que los presuntos cabecillas de la trama opten por bloquear el pago de un ´confirming´ de 287.000 euros hasta cerciorarse de que los "compromisos" cerrados con anterioridad se van a "respetar". La secuencia de las escuchas practicadas muestra cómo Gordillo pide a Orts que frene el abono en el banco, y cómo le comenta a su mujer y a otro empresario imputado en el caso -Omar Suárez, propietario de dos pequeñas constructoras a las que Iturri subcontrataba obras- la "mala noticia" que supone la salida del apoderado.

Presión. En días posteriores, Gordillo llama a Amadeo -antiguo jefe de Víctor- y acuerdan una reunión. En esa conversación el empresario manifiesta su propósito de mantener la misma línea de colaboración. Pero hasta tanto, el pago de los 287.000 euros se halla bloqueado "y con esta medida ejercen [en alusión a Orts y Gordillo] la presión necesaria para que todo continúe igual", dice la policía.

Finalmente, y tras conocerse que Iturri deja varias obras para quedarse sólo como suministrador de materiales para las mismas, se termina produciendo un pago de 400.000 euros. La Policía entiende que el "cambio de actitud" que se da, el interés de Gordillo de verse con Amadeo tras irse Víctor de la empresa, las ´extrañas´ llamadas y el hecho de que se citen para "renegociar" aspectos que supuestamente deberían estar más que atados por contratos constituyen una serie de indicios que señalan una presunta connivencia entre ambas partes. "En todo este contexto no es de extrañar que en la mencionada reunión se llegara a algún tipo de ´compromiso´ de cuyo cumplimiento dependiera la liberación de los pagos retenidos, y que bien pudiera tratarse del abono de comisiones ilegales", se apunta en el informe.

Es más, en una de las escuchas "el propio Gordillo menciona que Amadeo está dispuesto a aceptar las comisiones que ya habían sido pactadas".

Siguiendo con esta reflexión, la Policía interrogó el 17 de agosto a Víctor H. R., quien negó el pago de comisiones y afirmó que su antigua empresa recibía "excusas por parte del Ayuntamiento para no efectuar los pagos". El ex apoderado de Iturri sí confesó que recibió "presiones, debido a la mala ejecución de las obras que Iturri estaba realizando, para que trabajasen con la empresa de un tal Omar".

Como colofón a esta parte de la instrucción, la Policía Nacional solicitó al juez del caso Faycán en septiembre de 2007 que Hacienda indagase en las propiedades de Víctor H. tras reseñar que "durante la investigación se ha determinado que esta persona presuntamente se podría haber lucrado de forma ilícita en aprovechamiento de su posición en la empresa, obteniendo incrementos indebidos en su patrimonio personal".
 
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