11/03/2008 - 11:02

El Instituto Canario de la Vivienda desahucia a varios vecinos de Telde por ocupar inmuebles de promoción pública sin ser adjudicatarios

A dos vecinos más de Telde se les desahucia de igual manera por no destinar a domicilio habitual la vivienda de promoción pública que habitan en Jinámar y El Goro

El Instituto Canario de la Vivienda desahucia a varios vecinos de Telde por ocupar inmuebles de promoción pública sin ser adjudicatarios
Imagen de archivo del barrio de Las Longueras (Foto Luis A. López Sosa)
TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno regional, ha ordenado el desahucio de varios inquilinos que ocupan inmuebles de promoción pública en Telde por carecer de título legal para ello o no destinarlos a domicilio habitual.

En concreto, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda ha iniciado el procedimiento de desahucio de Pilar Pérez, que habita sin ser adjudicataria, una vivienda de promoción pública en El Goro. El mismo procedimiento tramita contra Gregorio Herrera, inquilino de un inmueble público situado en el grupo de 1.760 viviendas de Lomo Las Brujas de Jinámar.
A dos vecinos más de Telde se les desahucia de igual manera por no destinar a domicilio habitual la vivienda de promoción pública que habitan en Jinámar y El Goro.

A todos ellos se les requiere para que en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, «desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega de llave de la mencionada vivienda, en las dependencias de este Instituto Canario de la Vivienda, con apercibimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las personas que se encontrasen en la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen en la misma».

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.
 
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