14/10/2021 - 07:48

La artimaña de Vidina

Rafael Álvarez Gil

Rafael Álvarez Gil

Una de las tareas pendientes este curso político es reformar el reglamento del Parlamento de Canarias. A la espera del dictamen del Consejo Consultivo, el artículo 27.3 sostiene una especialidad (casuística muy concreta) que no se corresponde al caso de Vidina Espino.

 

Este precepto está pensado para un Grupo Mixto que alberga diferentes opciones políticas que, previamente, no han logrado alcanzar los requisitos para formar (por sí solos y cada uno) un grupo parlamentario propio. Es frecuente que el Grupo Mixto respectivo en cada Cámara (si es que lo hay) sirva de ‘coche escoba’ que recoge diferentes u opuestas ideologías.

 

Ni por asomo, ha ocurrido eso: tanto Espino como Ricardo Fernández de la Puente, hasta el abandono de la primera, han sido los únicos integrantes del mismo y ambos (repito, ambos) militantes de la misma formación. Dicho de otra manera, como sus resultados electorales les impedían conformar un grupo propio, tuvieron que recurrir al mixto. Pero han operado desde 2019 como la misma cosa. Es decir, formalmente han sido Grupo Mixto pero materialmente eran Ciudadanos. Ni siquiera había un tercer escaño de otras siglas cohabitando con ellos.

 

La igualdad de los representantes públicos es esencial en el parlamentarismo (artículos 14 y 23.2 de la Constitución). No es de recibo que a Sandra Domínguez se le aplique una vara de medir y a Espino otra. Que la majorera sea tratada como no adscrita (afectando a las prerrogativas y comisiones en las que participa) y Espino todo lo contrario y disponga a su libre entender de 157.800 euros anuales para gastos. Esto es lo que tendrán que dirimir el presidente del Consejo Consultivo, Pablo Matos, y los consejeros. Ya que Espino amenaza con "quien sucumba a la tentación de incumplirla [la ley] se enfrentará conmigo en los tribunales a una demanda por prevaricación", serán los miembros de la Cámara los que tendrían que sopesar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional dada la desigualdad patente (por ahora) que atesora Espino; si el Consejo Consultivo y la Mesa del Parlamento no resuelve pronto este agravio que, por otro lado, no es producto de la casualidad. Por cierto, ¿desde cuándo puede aplicarse el tipo penal de la prevaricación al poder legislativo en su potestad autoorganizativa desde la soberanía popular que emana?

 

La marcha de Espino de Ciudadanos no es fruto de un acaloramiento en la tribuna de oradores en pro del Régimen Económico y Fiscal (REF) sino de una decisión tras, ahora sí, una lectura torticera del reglamento. Dicho en plata, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y retorció la norma interna del Parlamento (esa laguna aún por subsanar) para beneficio personal.

 

El REF era el pretexto para salirse de Ciudadanos, una organización en concurso de acreedores político, un ‘Titanic’ preso del inevitable hundimiento electoral. El REF era y es lo de menos: fue candidata de unas siglas que abogan por la centralización y desconfían del autogobierno y de la descentralización territorial. Es más, en un acto en campaña se refirió, en modo burla, al cupo vasco como el “cuponazo”. Su defensa del REF no cuela. Tan solo su instinto político por sobrevivir; entendible, todo sea dicho. Aunque en las filas de CC y PP ya vigilan la composición futura de las planchas electorales, no quieren polizones. Mientras tanto, por dignidad parlamentaria, es inaplazable la modificación del reglamento.

 

Rafael Álvarez Gil es columnista de TELDEACTUALIDAD.

 

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