08/05/2011 - 08:04

La historia rocambolesca de un secretario (y III)

Ismael Rodríguez

Ismael Rodríguez
Creo que nunca un Secretario de Ayuntamiento ha dado “tanto juego” como el personaje al que me refiero en esta colección de artículos. El Ministerio de Administraciones Públicas concedió al susodicho Secretario el puesto de trabajo de Vicesecretario General del Cabildo Insular de Gran Canaria, que había solicitado y ganado en concurso. Posteriormente, mediante una chapuza del propio Ministerio, se decidió a birlarle ese puesto de trabajo asignado y, en su lugar, se le otorgó la Secretaría General del Ayuntamiento de Arucas.
 
Que el citado Secretario concursara para el cargo de Vicesecretario General del Cabildo Insular, y obtuviera ese puesto hacía entender que tal puesto de trabajo cabildicio colmaba sus aspiraciones profesionales.
 
De hecho, cuando el Ministerio le “dio el cambiazo” al puesto de trabajo cabildicio por el del Ayuntamiento de Arucas (Resolución de la Dirección General de Cooperación Local de 25 de marzo de 2008 -BOE 03.04.08 que sustituía la Resolución de la Dirección General de Cooperación Local de 7 de marzo de 2008 -BOE 24.03.08), el mencionado Secretario no dudó en recurrir el día 3 de mayo tal despropósito y el Ministerio, “recogiendo velas”, le dio la razón mediante resolución del 13 de junio de 2008 y le devolvió el puesto de trabajo en el Cabildo Insular, anulando el nombramiento de Arucas.
 
Parece evidente que el Cabildo Insular de Gran Canaria no quería al citado Secretario entre sus trabajadores. Primero removió Roma con Santiago durante el mismo día 24 de marzo de 2008 para que la plaza de Vicesecretario General desapareciera de la oferta pública, y de hecho lo consiguió inicialmente, ya que al día siguiente, 25 de marzo (BOE 03.04.08), la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, dictó nueva resolución quitando al citado Secretario la plaza del Cabildo Insular y, en su lugar, darle la de Secretario del Ayuntamiento de Arucas.
 
El Cabildo Insular tenía la obligación de pasar por el aro e incorporar al citado Secretario en su plantilla de trabajadores, pero no estando de acuerdo con esa nueva decisión ministerial, presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurso contra la misma, que aún está pendiente de sentencia.
 
Sorprendentemente, el Secretario no acudió al Cabildo Insular a tomar posesión en el puesto de trabajo al que había concurrido y que le había sido asignado, puesto de trabajo que era presuntamente lo que deseaba. En su lugar, se dedicó a recurrir los ceses que le había hecho el Ayuntamiento donde trabajaba (el primero, para que fuera a tomar posesión en el Cabildo Insular, y el segundo, para que lo hiciera en el Ayuntamiento de Arucas) ante tres diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
 
Con el subterfugio de una baja médica con efectos retroactivos, el citado Secretario consiguió convencer a los tres jueces de lo contencioso-administrativo, quienes, sin hacer caso a las diligencias de notificación e Informes de la Policía Local de San Bartolomé, que decían que el citado Secretario si se hallaba en su puesto de trabajo durante la jornada laboral del día 27 de marzo de 2008, le dieron la razón de que sus ceses eran nulos porque se habían hecho sin su presencia, lo que constituía un requisito formal necesario. Los tres jueces le reconocieron, en sus respectivas sentencias, su derecho a reincorporarse al puesto de trabajo de Secretario del Ayuntamiento en el que había sido cesado el día 27 de marzo de 2008 (para el Cabildo Insular) y el día 4 de abril de 2008 (para el Ayuntamiento de Arucas).
 
Sin embargo, y ahí está la clave de todo lo que está pasando ahora con el citado Secretario, esos mismos jueces, cuando comprobaron que el mencionado Secretario tiene aún que cumplir una sanción de seis años y seis meses de destitución del cargo, y prohibición de obtener nuevo destino en el plazo de tres años, impuesta el día 3 de noviembre de 2005 por el Ministerio de Administraciones Públicas y ratificada por la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de enero de 2008, decidieron que no entrara a trabajar en el Ayuntamiento que le había cesado y en el que quiere entrar a toda costa.
 
Las decisiones de los tres jueces mencionados se concretan en tres Autos judiciales de fechas 21 de enero, 9 de marzo y 1 de abril de 2011, respectivamente.
 
Los citados jueces consideran que el Ayuntamiento afectado notificó correctamente a dicho Secretario la Orden de cumplimiento de la sanción que le había impuesto el Ministerio, y lo hizo mediante edicto publicado el día 21 de agosto de 2009 en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas después de haberlo intentando, durante diferentes momentos, durante los días 10 y 11 de agosto en su domicilio habitual, en la capital.
 
Resulta relevante, a estas alturas de la rocambolesca historia, que cuando la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, respondiendo a consultas del Cabildo Insular de Gran Canaria y entendiendo, en buena lógica, que el mencionado Secretario, que tenía esa plaza en propiedad, no podía ya ocuparla porque estaba sancionado por el Ministerio (sanción que fue confirmada por la sentencia de 23 de enero de 2008 de la Audiencia Nacional) y que esa plaza había quedado vacante, mediante resolución de 19 de septiembre de 2008 (publicada el Boletín Oficial de Canarias el día 9 de octubre) publicó la plaza de Vicesecretario General del Cabido para proveerla –ocuparla- por el sistema de libre designación, el tan cacareado Secretario presentó recurso contra dicha resolución ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de esta provincia porque entiende que esa plaza es suya. Este pleito tampoco se ha resuelto aún.
 
En el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (antes Ministerio de Administraciones Públicas) su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Me explico. El Ministerio comunicó el día 4 de agosto de 2009, al Ayuntamiento donde trabajaba el Secretario, la Orden de cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 2008, que confirmó la sanción de seis años y seis meses de destitución del cargo y prohibición de obtener nuevo destino en el plazo de tres años, impuesta con fecha 3 de noviembre de 2005 por el Ministerio de Administraciones Públicas al citado Secretario, que fue dictada por la Secretaria General Técnica de dicho Ministerio, por delegación de la Ministra de Administraciones Públicas, con fecha 10 de noviembre de 2008, siendo instado el Ayuntamiento a cesar al citado Secretario, si aún no lo había hecho, de forma inmediata y a dar traslado de dicho cese al citado Ministerio a los efectos procedentes. Eso fue lo que hizo la mano derecha del Ministerio.
 
Antes decíamos que el Ayuntamiento afectado, como ya no tenía al citado Secretario entre sus trabajadores, comunicó al mismo la Orden de cumplimiento de la sanción mediante edicto publicado en el BOP de 21 de agosto de 2009, después de haber intentado la notificación personal, sin éxito.
 
La mano izquierda del Ministerio, sin saber que había hecho la derecha, dictó la
Resolución de 22 de febrero de 2011 (publicada en el BOP de 10 de marzo de 2011), por la que resolvieron el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal y designaron, sorpresivamente, al citado Secretario para el Ayuntamiento que le había sufrido con anterioridad.
 
Resulta evidente de que el Ministerio no ha tenido en cuenta que el Secretario no ha cumplido aún la sanción que ellos mismos le habían impuesto. Esta decisión del Ministerio ha obligado al Ayuntamiento a realizar reclamaciones en la vía administrativa y en la vía judicial con la finalidad de anular tal nombramiento y conseguir resolver este entuerto.
 
Mientras, el Secretario mencionado niega que haya sido sancionado, niega que si fue sancionado a él se le hubiera comunicado, y niega, que en el caso de que existiera esa sanción, tenga la obligación de cumplirla, porque entiende, creando “doctrina legal”, que las sanciones administrativas no hay que cumplirlas y que las mismas se agotan con la simple notificación al sancionado. Para más “INRI”, el Secretario recurrió y sigue recurriendo no solo la sanción que le impusieron en su momento, y que resolvió la sentencia de 23 de enero de 2008, sino que también recurre ahora hasta la propia notificación de la sanción que le impusieron hace casi seis años. Sanción que aún no ha cumplido en su totalidad y que, por lo tanto, vicia de nulidad el nuevo nombramiento que hizo el Ministerio y que se publicó en el BOE de 20 de marzo de 2011.
 
De lo que si estoy seguro es que aún no ha acabado la rocambolesca historia del citado Secretario municipal, que piensa que la plaza de Vicesecretario General del Cabildo Insular es suya, como también piensa que es suya la plaza de Secretario del Ayuntamiento que lo sufre.
 
 
Ismael Rodríguez es abogado.
 
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