24/04/2011 - 08:02

La historia rocambolesca de un secretario (1)

Ismael Rodríguez

Ismael Rodríguez
Esta historia ya la conocemos porque ha sido parte de un debate público en un Pleno Extraordinario y monográfico, convocado a instancias de la oposición que no se atrevió a votar su propia iniciativa, en el que salieron a relucir los hechos relevantes que se detallarán a continuación.
 
Había una vez un Secretario de Ayuntamiento que fue denunciado ante el Ministerio de Administraciones Públicas (ahora Ministerio de Política Territorial y Administración Pública) por el Alcalde del municipio para el que trabajaba por ejercer actividades incompatibles con su cargo y por faltar al trabajo sin justificar.
 
Después de tramitarse el expediente disciplinario, el Ministerio sancionó al Secretario con inhabilitación durante seis años y seis meses, sin derecho a obtener nuevo destino en ese tiempo, por la comisión de dos faltas muy graves de incompatibilidades y por una falta grave de falta al trabajo sin justificar. Cuando se produjo la sanción ya trabajaba en otro Ayuntamiento distinto a que le denunció. Eso sucedió a finales del año 2005 y la entonces Alcaldesa del municipio donde trabajaba en esas fechas procedió a cesarle y a comunicarlo al Ministerio.
 
El Secretario cesado, con la argucia de poder argumentar que no fue notificado de la sanción, presentó días más tarde un parte de baja médica, pero con efectos retroactivos a un día antes del que fue cesado. Incluso llegó a presentar en el Ayuntamiento varios partes de confirmación de la baja médica. Sin embargo, a pesar de que siempre ha mantenido de que nunca fue notificado de la sanción, recurrió contra la misma ante el Ministerio que le sancionó y, posteriormente y cuando le fue notificada la desestimación del recurso administrativo, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid para que le quitaran la sanción.
 
En esa situación de cumplimiento de la sanción estuvo durante ocho meses hasta que, a finales de julio del año 2006, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid le concedió la suspensión de la sanción, como medida cautelar y hasta que se dictara sentencia sobre su demanda.
 
La Alcaldesa, que le había cesado ocho meses antes, procedió a darle de alta en el Ayuntamiento de forma inmediata y a comunicárselo al Ministerio.
 
El Abogado del Estado, que actuaba en nombre del Ministerio, recurrió la medida cautelar de suspensión de la sanción ante la Audiencia Nacional, que le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a cesarle de nuevo. De todo eso estaba al tanto el mencionado Secretario, quien procedió de nuevo a coger una baja médica a mediados de abril del año 2007, posiblemente impulsado por la idea de que así no sería cesado.
 
El Ministerio comunicó al Ayuntamiento a principios de junio de 2007 que el Secretario debía ser cesado de nuevo, en cumplimiento de la sanción. Aunque la notificación llegó al Ayuntamiento a principios de junio, lo cierto es que el escrito es de principios del mes de mayo de 2007. Eso tuvo relevancia porque entre la fecha del escrito y la de notificación del mismo al Ayuntamiento se dictó el día 16 de mayo de 2007 la Sentencia por parte del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid que, estimando parcialmente el recurso del Secretario, rebajó la sanción de seis años y seis meses a tan solo un mes.
Probablemente la Sentencia fuera notificada en el mes de junio tanto al Secretario como al Ayuntamiento, porque ni éste procedió a cesar al Secretario y, por el contrario, este se dio de alta médica a finales del mes de junio de ese año 2007.
 
Hoy sabemos, lo que no se sabía antes, que tanto el Abogado del Ayuntamiento que le denunció en el año 2005, como el Abogado del Estado que actuaba en nombre del Ministerio, procedieron a recurrir dicha Sentencia ante la Audiencia Nacional.
 
El 29 de octubre de 2007 (publicado en el BOE el 29 de noviembre de ese mismo año) el Ministerio de Administraciones Públicas convocó concurso unitario a nivel estatal para cubrir plazas de secretarios, interventores y tesoreros. Entre las plazas ofertadas estaba la de la Vicesecretaría del Cabildo Insular de Gran Canaria. El plazo para presentar las solicitudes finalizaba a los quince días de la publicación de la convocatoria en el BOE. El Secretario en cuestión optó a la plaza de la Vicesecretaría del Cabildo Insular de Gran Canaria.
 
Hoy sabemos, lo que no se sabía antes, que la Audiencia Nacional dictó Sentencia el día 23 de enero de 2008, en el recurso de apelación contra la Sentencia de 15 de mayo de 2007, y estimó la apelación del Abogado del Ayuntamiento que le denunció en el año 2005, como la del Abogado del Estado que actuaba en nombre del Ministerio, a la vez que desestimó el recurso presentado por el propio Secretario, y en el fallo de la nueva Sentencia se confirmó la sanción que había impuesto dicho Ministerio el día 3 de noviembre de 2005 al Secretario, inhabilitándole durante seis años y seis meses, sin derecho a obtener nuevo destino en ese tiempo, por la comisión de dos faltas muy graves de incompatibilidades y por una falta grave de falta al trabajo sin justificar.
 
De la notificación de esa Sentencia de la Audiencia Nacional y de la resolución del concurso unitario a nivel estatal para cubrir plazas de secretarios, interventores y tesoreros hablaremos en la próxima ocasión.
 
Ismael Rodríguez es abogado.
 
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