16/03/2008 - 07:09

La débil salud del funcionario en la sociedad del bienestar

Carlos J. La-Chica Pareja (*)

Carlos J. La-Chica Pareja (*)
Según el prestigioso diario económico Expansión, España perdió durante el año 2006, 32.000 millones de euros por baja productividad de sus funcionarios. A su vez, un estudio del sindicato CCOO en Andalucía, reveló que más de un 40% de las bajas médicas de funcionarios que se produjeron en esa CA durante el año 2007, eran sospechosas de fraude. Los números que acabo de reseñar, no me los he inventado yo. Están ahí y se obtienen por estudios realizados, incluso, por sindicatos.

Antes que nada quiero dejar bien claro que conozco muchos funcionarios honrados y cabales, trabajadores como el que más, amantes de su profesión y con un gran sentido de la responsabilidad y del servicio a la sociedad. Pero desgraciadamente, también los conozco en la orilla opuesta. Y no son pocos.
La sociedad actual en la que vivimos, nos permite disfrutar de infinidad de logros. Sin duda, las bajas por enfermedad son una conquista social, una forma de amparo hacia aquellos que, incapacitados para desempeñar sus deberes laborales a causa de una enfermedad, perderían además de la salud los recursos para subsistir si dichas bajas no existieran.
 
Sin embargo, cuando la presunta enfermedad es motivo suficiente para cobrar sin trabajar, cuando el parte médico es un pasaporte legítimo al ocio y cuando el más mínimo contratiempo se diagnostica como síndrome, lo que sucede es que, a través de las bajas por enfermedad, cada vez más gente practica impunemente el absentismo laboral, todo ello en detrimento de los que sí van a trabajar y están llevando a cabo su tarea y la de sus compañeros “enfermos”; y también en el de nosotros, esto es, el resto de ciudadanos que sufrimos unos servicios públicos deficitarios, amén de contribuir activamente en la tarea de que estos caraduras cobren sus sueldos puntualmente.

Quien antes iba a trabajar agripado, ahora se queda en casa hasta que se le cura por completo el catarro; quien trabaja con su voz pero se rompe un brazo, está dispensado de trabajar porque no puede conducir, aunque ello no le incapacite para llegar hasta la playa, el cine o el bareto de copas de moda en taxi o en el coche conducido por la novia; o aquellos descontentos con sus jefes, con sus compañeros, con su horario, con el clima o, simplemente con su oficio, acuden al médico en busca de su baja por “depresión”, con la misma facilidad y naturalidad con la que un niño maneja el mando a distancia del DVD.
Y así, junto a muchas personas enfermas de verdad, proliferan otras cuyo verdadero oficio es estar o más bien “aparentar estar enfermas”, algunas de las cuales se reincorporan sospechosamente al trabajo el día antes de las vacaciones, con el fin de ser eximidas también de la obligación de visitar al médico y de presentar los partes de baja que su condición de enfermas exigiría, todo ello con el fin de evitarse perturbaciones indeseables durante su “bien ganado” periplo vacacional. De esta triste realidad salen los chascarrillos que se cuentan por ahí: “Dios da un seguro autónomo a quien quiere regalarle salud, y a quien quiere llenar de enfermedades le convierte en funcionario”.

Es verdad que, en teoría, hay mecanismos legales para tratar de impedir estos fraudes (la inspección médica, sin ir más lejos), pero la eficiente puesta en práctica de los mismos es casi utópica. Empezando porque casi ningún partido político quiere “mojarse” en tan delicado tema (el elevado número de funcionarios y sus familias restarían muchos votos al que osara hacerlo); continuando porque los propios compañeros honrados que sí acuden a trabajar, tapan y protegen a los que no lo hacen (al igual que muchos sindicatos, que parece que están más para defender los intereses particulares de cuatro “gamberros”, que los generales de la mayoría de sus afiliados); y terminando por algunos galenos (no todos, pero si los suficientes), que firman los partes de baja con mucho desparpajo y poca ciencia, sin considerar que el médico es un funcionario público que tiene que cumplir la ley y que los “papelitos” que rellena son documentos oficiales y, por tanto, si ponen algo que no es cierto, están cometiendo un delito de falsedad en documento público que se sanciona con las penas de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por tiempo de dos a seis años. Lo cierto es que el problema parece no tener enmienda.

Esta forma de actuar con las bajas, que consideramos normal y esgrimimos como un derecho, es en realidad una forma de corrupción, una modalidad de estafa a la seguridad social si esos enfermos son sustituidos en su puesto de trabajo; o, si no lo son, es una forma de explotación de los ciudadanos sanos que sí trabajamos, sobre los que recaen las obligaciones que dejan sin cumplir los beneficiarios de estas bajas.

La ciudadanía tiene clara la corrupción asociada a los políticos, pero no es consciente de que el abuso cotidiano e injustificado de las bajas por enfermedad es también un robo a los contribuyentes, un fraude hacia aquellos que tienen derecho a recibir los servicios de los que se hace dejación, un aumento de los deberes laborales de los no enfermos y una forma de parasitismo social que colapsa los medios del sistema e impide que los que realmente lo necesitan, sean atendidos como se debiera.

A pesar de la miseria espiritual y la sensación de minusvalía que introduce en su vida la persona atrapada en un “diagnóstico” tras otro, la enfermedad, como el resto de las desgracias, ha pasado a convertirse en una ventaja. Por el contrario, cumplir bien un horario, ser un profesional competente y no ser víctima de ningún síndrome no se cotiza ni se premia, convirtiéndose a ciertos efectos en una desventaja.

Lo que está en juego en esta especie de loco reparto de la abundancia, que permite cobrar a cambio de nada a un número cada vez mayor de ciudadanos parados o “incapacitados” para trabajar, es en realidad una distribución social desatinada e injusta. Que unos continúen trabajando el mismo tiempo mientras otros cobran el paro, o que se paguen hasta tres sueldos (titular, “sustituto” y “sustituto del sustituto”) por un puesto de trabajo, lo que indica es que nuestra sociedad tiene un inmenso poder para financiar el tiempo libre de estos “ciudadanos de 1ª”, de estos “señoritos del siglo XXI” que, encima, se están riendo de todos nosotros y llevando a las distintas administraciones a la bancarrota.

¿Se imaginan VDS. cuántas necesidades podrían haberse cubierto en el año 2006 con la escandalosa cifra de 32.000 millones de euros con la que comenzaba este artículo? Espero que estas letras sirvan de reflexión para todos. Y que a partir de ahora cuando nos encontremos en la playa, el gimnasio o el bar a un “amigo” que trabaja, digamos por ejemplo en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, y sabemos que está de baja laboral (porque él mismo “no se corta un pelo” en proclamarlo a los cuatro vientos), en lugar de reírle la gracia, lo abronquemos convenientemente, aunque sea solo un poquito….

(*) Carlos J. La-Chica Pareja es abogado del Ilustre Colegio de Las Palmas y profesor de la Academia Canaria de Seguridad.
 
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