17/09/2022 - 13:53

Cuestión de prioridades

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Quedan pocos meses para la celebración de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023. Entramos ya en la recta final de esta complicada legislatura. La fase preelectoral en que nos encontramos inmersos no debe distraer de las prioridades en la acción de gobierno en Canarias que van mucho más allá de los particulares intereses de cada formación política. Y entre esas prioridades destacan, sin duda, la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2023, la Ley de Renta de Ciudadanía y la que aborda la lucha contra la Crisis Climática, así como hacer frente al problema mundial de la elevada inflación.

 

Los Presupuestos para 2023, los últimos de esta legislatura, entrarán en el Parlamento en octubre, abriendo un periodo de debate y enmiendas que culminará con su previsible aprobación antes de que finalice el año. Serán las cuartas cuentas públicas elaboradas y ejecutadas por el Gobierno de Progreso; y continuarán el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los más vulnerables, la cooperación con los sectores económicos, el impulso del empleo y el refuerzo de las inversiones, así como el compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible, que han caracterizado los Presupuestos de los tres últimos años. Una etapa en la que se ha incrementado de manera significativa el gasto presupuestario en Sanidad, en Educación o en Derechos Sociales. En porcentajes por encima del 15% con relación a los presupuestos iniciales, siendo mucho mayor lo finalmente destinado.

 

Entre 2019 y 2023, en un contexto de retroceso de la economía, con la brutal caída del PIB por la Covid 19, sin pagar más impuestos, sin aumentar la deuda de la Comunidad, Canarias incrementa su presupuesto inicial en un 28,5%. Gracias a una buena defensa de nuestros intereses en Madrid y en Bruselas, lo que ha posibilitado captar el máximo de recursos para las Islas. Y gestionando adecuadamente esas cuentas públicas. Así, en el año 2021, el Gobierno canario ejecutó un 123% de lo inicialmente presupuestado. Esta vez, para 2023, las cuentas públicas van a crecer un 11% respecto al presupuesto inicial de este 2022, en torno a los 10.100 millones de euros de techo de gasto no financiero, casi 1.000 más que en el presente ejercicio.

 

Un Presupuesto elaborado en un incierto panorama económico internacional, por la guerra, los problemas de abastecimiento energético en la UE y la elevada inflación. Y en una etapa en la que Canarias registra positivos datos en su empleo y en su economía que crece más que la media estatal, con la decisiva influencia del buen comportamiento del gasto turístico. Pero sabiendo que la situación global puede alterar los pronósticos positivos de crecimiento económico en el periodo próximo. Y, por supuesto, conscientes de que hay que continuar ofreciendo respuestas a la grave inflación, aunque sean solo paliativas y a nuestra reducida escala porque se trata de un problema global que ha de combatirse a escala internacional. Europa no puede quedar en medidas monetarias; debe intervenir en los mercados eléctricos, energéticos y de las materias primas e impulsar medidas fiscales que hagan contribuir al interés común a empresas eléctricas y bancos; el Estado, debe hacerlo implementando el Plan de ahorro energético. Mientras que Canarias continuará con las ayudas directas a los sectores económicos y sociales más afectados y bajadas selectivas y temporales de impuestos.

 

Renta de ciudadanía

Por otra parte, y en cumplimiento del Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias, suscrito por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG, el Parlamento debatirá la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, cuyo proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara canaria el pasado mes de abril. Respondiendo a los históricos problemas de pobreza y desigualdad de nuestra Comunidad. Y a lo que señala el Estatuto de 2018 en su artículo 24: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”.

 

Desde el canarismo siempre hemos trabajado en esa línea. Así ocurrió en la legislatura 2011-2015, cuando NC fue la primera en plantear en el Parlamento un Plan contra la Pobreza que afrontara la grave situación que habían dejado las políticas de austeridad y recortes adoptadas en la crisis económica iniciada en 2008. Un Plan implementado mediante políticas coordinadas y sumando recursos económicos de las corporaciones locales, de la Comunidad Canaria, del Estado y de las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Fue rechazado, como ocurriría en la siguiente legislatura, 2015-2019, con nuestra proposición de ley de renta básica, que tampoco prosperó.

 

Esta Renta de Ciudadanía de Canarias pretende, integrando a los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), llegar a unas 40.000 unidades familiares, posibilitando que puedan pagar el alquiler de su vivienda, las facturas de agua o electricidad, así como su alimentación, en suma, que dispongan de recursos para atender necesidades vitales. Y, al mismo tiempo, establece el desarrollo de mecanismos que contribuyan a lograr su plena integración social y laboral. Considero que así se avanza hacia una sociedad mucho más justa e inclusiva, generando condiciones para alcanzar mayores niveles de equidad.

 

Crisis climática

Pese al discurso de los negacionistas, la Crisis Climática es ya una realidad que está poniendo en grave riesgo la vida del planeta. Fenómenos climáticos extremos -inundaciones, olas de calor y sequías, deshielos, elevación del nivel del mar y sus efectos en las costas…- que producen destrozos en las infraestructuras, dañan las producciones agrícolas, degradan el medioambiente y ocasionan pérdidas de vidas humanas. Estamos obligados a priorizar la lucha contra la Crisis Climática y sus consecuencias para Canarias. Se trata de un problema global planetario que afecta especialmente a los territorios insulares. Y combatirlo exige múltiples actuaciones, desde el ahorro y la eficiencia energética, la primacía de las energías renovables, eliminando gradualmente los combustibles fósiles, o la apuesta por una movilidad sostenible.

 

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación parlamentaria, es esencial para que nuestra tierra tenga un presente y un futuro sostenible. Entre los objetivos que recoge su texto están implementar medidas que garanticen la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el Archipiélago en 2040, la reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles y establecer un modelo energético basado en las energías renovables.

 

Ello exigirá, sin duda, replanteamientos en torno al turismo. Avanzando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el territorio, con un plan de transición que minimice la huella de carbono. En ese ámbito, el del turismo, la ecotasa es un elemento más, no el más relevante, y en ningún caso supone una mágica solución. No es, además, el único asunto objeto de debate. Está también en el debate el reto demográfico, con territorios que multiplican su población rápidamente y otros en la que esta se estanca. Situación vinculada al modelo de desarrollo, como concluyó en 2003 el Comité de Expertos sobre población e inmigración que impulsé desde Presidencia del Gobierno. O, aunque no compartamos las propuestas, la legítima defensa de las derechas de rebajas generalizadas de impuestos.

 

Hay que recordar que Nueva Canarias fue la primera en presentar, en febrero de 2015, una Proposición de Ley para el establecimiento de una tasa turística (1 euro por visitante y día), volviendo a registrar la propuesta en febrero de 2018. Fue rechazada por la Cámara. Hoy tampoco existen posibilidades de que prospere y soy consciente de que hay que trabajar por alcanzar mayores niveles de consenso para aprobarla, en lo que estamos plenamente comprometidos. Hay que insistir, asimismo, en asuntos esenciales: la rehabilitación de la ciudad turística, la renovación de la planta alojativa, la diversificación de los servicios complementarios al alojamiento y la formación del personal; la calidad frente a la cantidad. Para que el turismo, sin incrementar la presión sobre el territorio, produzca mayores beneficios económicos, más y mejor empleo y mayor nivel de gasto.

 

Quedan pocos meses para las elecciones autonómicas y locales. Cerrando una etapa en que las administraciones, la ciudadanía y las empresas han tenido que hacer frente a numerosas situaciones críticas, desde los incendios forestales a la pandemia de la Covid 19, desde la erupción del volcán de La Palma a la guerra en Ucrania y la elevada inflación. Y el Gobierno de Canarias seguirá dedicando todo su tiempo y todos sus esfuerzos a los servicios públicos, a las personas, a la economía, al empleo y a la sostenibilidad. Para intentar superar esta concatenación de momentos críticos que estamos viviendo en los últimos años y contribuir a un mejor presente y a un esperanzador futuro para esta tierra y su gente.

 

Román Rodríguez es vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

 

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