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21/11/2020 - 09:57

Futuro Ministerio de Control y Censura, dicen

Nicolás Guerra

Nicolás Guerra

Amplios sectores políticos y sociales mantienen el grito en el cielo ante un supuesto control del derecho ciudadano a la información. Lo llevaría a cabo el Gobierno español bajo la excusa de perseguir noticias falsas: se llama “Procedimiento de actuación contra la desinformación”. (Disculpe, estimado lector, mi conservadurismo lingüístico si no uso la construcción inglesa fake news, tan impuesta estos días. Sospecho que el inglés no es imprescindible para entendernos si pretendo referirme a ‘noticias falsas, falseadas’.)

 

El Gobierno, pues, a través de una comisión examinaría interesadamente (dícese) todas las publicaciones aparecidas en redes sociales. Sería sibilino vigilante bajo la noble excusa de velar por la pureza informativa frente a potenciales batatas (en Gáldar, tiempo ha), mentiras, trolas... relacionadas con temas de impacto social. (Así, por ejemplo, ¿habría intervenido contra periódicos que reprodujeron textos del apócrifo informe PISA -falsa ayuda económica de Irán a Podemos, 2016-, cuya autoría se vincula con la “brigada patriótica” y aparentes subterfugios ministeriales?)

 

Acúsase, incluso, de censura previa a la manera de la Ley de Prensa e Imprenta, “ley Fraga”, 1966, gracias a la cual solo ese mismo año fueron secuestrados cinco revistas y un libro; tres directores de diarios padecieron expedientes; otro es procesado; y Ruiz Jiménez, exministro franquista, director de Cuadernos para el diálogo, fue forzado a abandonar su cargo. En Gran Canaria, Capitanía General inicia el consejo de guerra contra Salvador Sagaseta (menor de edad), por haber reproducido en Diario de Las Palmas un poema de Pedro Lezcano. (Enjundia y espíritu sumarial: la ley fue aprobada a mediados de marzo. Nunca nueve meses habían dado para tanto.)

 

Así, por ejemplo, sobre el tal Procedimiento de actuación... (ya en el BOE), okdiario -pureza y rigor obligan- apunta a una “maniobra autoritaria del Gobierno para crear un ‘Ministerio de la Verdad’ que...”; ABC (7/11) lo define como “La ofensiva de Sánchez contra las libertades”, entrecomillado que repite El Español (9/11) al pie de la letra; para Canariassemanal se trata de “Proyecto de inquisición ideológica gubernamental” (día 16)…

 

Algo menos impulsivo, Diario16 (6/11) plantea tras su titular (“Plan del Gobierno contra la desinformación”) una pregunta muy seria: “¿Lucha contra el bulo o simple censura?”. Deja en el aire la razonable duda sobre la ecuanimidad de la comisión encargada pues, a fin de cuentas, los socialistas-comunistas-bolivarianos-iraníes estarán al frente de la misma bajo la dirección del jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y del secretario de Estado de Comunicación. Ambos, cargos de confianza e identidad ideológica progubernamental.

 

Defienden otros que el Procedimiento de actuación... está justificado, pues asistimos -bien es cierto- a campañas de intoxicación programadas para rapidísimas expansiones a través, casi siempre, de redes sociales. Y como a usuarios o consumidores jamás nadie -falla el aula- nos explicó cuál es el límite entre lo falso y lo verdadero (irreflexión / raciocinio) ni las estrategias para averiguarlo, todos consumimos día a día noticias astutamente redactadas como para creer en ellas a pies juntillas, sin discusión, análisis y células grises. (¿Otro ejemplo?: el migrante negro que asalta una iglesia en Canarias… ¡pero el hecho se produce en Guyana!, costa norte de América del Sur.)

 

La duda o la sospecha de gato por liebre no forman parte, pues, de las habilidades que caracterizan a nuestra gente ni, muchísimo menos, la preocupación por confirmar o refutar–invalidar los mensajes recibidos (muchos de los cuales, insisto, son exquisitamente estructurados para su recepción como muy fiables). Es una cuestión de cultura, claro. Y ya se sabe qué es de ella como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico en esta España “trotamundos, cubremundos, / España aventurera, / quedándose, dejándose, fundiéndose, / como una sangre en veredas […]” al poetizar de Victoriano Crémer.

 

Sin prudencias no puedo opinar sobre contenidos, pues no he leído al completo el BOE. Pero sí sé que el presidente, vicepresidentes, ministros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el director del Gabinete de Presidencia y otros cargos nombrados por el Gobierno son miembros de pleno derecho (¿nadie de la oposición?). Por tanto, monopolio.

 

Lo cual, también de entrada, mosquea. Y surge la primera pregunta: para este apartado concreto sobre el derecho a la información verídica, pura y desapasionada, ¿se contaría entre los comisionados con periodistas de tendencias variadas, rigurosamente imparciales? ¿Hay juristas de reconocido prestigio? ¿Y lingüistas?

 

No obstante mi parcial desconocimiento del documento, sí puedo fijarme en las formas y opinar sobre ellas. Así, tengo muy claro que cualquier comisión analizadora de comportamientos ajenos relacionados con la información debe estar exclusivamente en manos de personas no afectas al Gobierno (añado jueces, intelectuales independientes...). Pero nunca una parte interesada puede o debe intervenir. Es requisito indispensable, vital y trascendente para la pureza democrática.

 

Salmerón, fugaz presidente de la I República española, tuvo clara la importancia de la información: la prensa “ha sido poderoso dique para evitar desbordamientos peligrosos y repentinas innovaciones”. Pero matiza: prensa de información veraz y libre. (Ya dimitido como presidente, fue separado de la cátedra y deportado: había amnistiado a periodistas condenados por “delitos de imprenta”, es decir, el ejercicio de la libertad de prensa.)

 

Por tanto, el Procedimiento… no puede estar en manos del Gobierno: este puede sentirse inclinado a darse la razón y a censurar noticias que incordien, jeringuen o acometan simbólicamente contra “principios fundamentales”. Se trata, claro, de una cuestión estética, beneficiosa para el fortalecimiento del sistema democrático. Y ética, además: esa cosa extraña relacionada con honestidad, decencia política y bases morales. ¿O acaso pretendería el Gobierno actual emular la pepera “ley mordaza”, precisamente en manos del exministro del Interior, señor Fernández Diaz?

 

No, tampoco son ciertos los titulares sobre el cierre de colegios de educación especial. Leo en la disposición adicional cuarta del Proyecto de Ley de Educación: “Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar […] desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

 

Nicolás Guerra Aguiar es catedrático y escritor.

 

Comentarios

  • Paco Falcón
    26/11/2020 - 10:28

    Las veredas hasta ese supuesto “control” de mentiras, se me antojan escabrosas. Pero para empezar lo haría en el hemiciclo del congreso, callando, apagando el micro o retirando la palabra a cualquier diputado que mienta, que no son pocos, y lo haría en defensa propia, la defensa de los escuchantes, el pueblo al que representan. Libertad de expresión no es libertad para mentir.

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