17/10/2020 - 18:16

Pago a proveedores y gestión de la deuda

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Apoyamos la suspensión por el Gobierno central de las reglas fiscales en 2020 y en 2021. Ya no hay límite de gasto en estos ejercicios, ni se establece tampoco para la deuda y el déficit más allá de una tasa de referencia, permitiéndose, además, el uso de remanentes y superávits.

 

Veníamos reclamando esa suspensión desde comienzos de la actual crisis. Está avalada por la aplicación por la Unión Europea de la cláusula de salvaguarda de sus reglas presupuestarias ante la severa situación económica, decidida el pasado mes de marzo. Así como por la Constitución, que en su artículo 135.4 señala que los límites de déficit y deuda “sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria”, y en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

 

Se trata de una decisión imprescindible para que las administraciones públicas puedan disponer de más recursos en este momento crítico y volcarse en la superación de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia de la Covid 19. Pero esa suspensión provisional de las reglas fiscales no puede suponer, en ningún caso, una relajación de los deberes de las administraciones, de su necesario máximo rigor en la gestión del gasto público, ni comprometer la estabilidad presupuestaria de los próximos años.

 

Se suspenden las reglas fiscales con alguna excepción. Como es el caso de los plazos de pago a los proveedores por parte de las administraciones públicas, un asunto vital para la supervivencia de las empresas y autónomos en cualquier circunstancia. Lo son cuando se dan condiciones de normalidad de la vida económica; y adquieren aún mucha más relevancia en una profunda crisis como la que estamos padeciendo, por las dificultades de liquidez que ahogan a empresas y autónomos.

 

No hay que olvidar la profundidad de esta crisis que este 2020 lleva a estimar un retroceso del Producto Interior Bruto (PIB) en Canarias que puede acercarse al 22%, frente al 11,2% estatal previsto por el Ministerio de Hacienda. Crisis en la que las administraciones públicas están actuando de sostén ante la caída de la economía privada, con algunos sectores económicos prácticamente paralizados por las decisiones adoptadas para evitar la expansión del virus, impedir el colapso del sistema sanitario y salvar vidas.

 

Y, asimismo, por los temores y los cambios de hábitos de consumo. Las dificultades de liquidez de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, o de los autónomos, no pueden verse agravadas por injustificadas dilaciones por parte de las administraciones públicas en pagar sus deudas. Las malas prácticas en este ámbito contribuyen de forma clara a la desaparición de tejido empresarial y a la pérdida de numerosos empleos. Lo que resulta intolerable.

 

Saneamiento y liquidez

En Canarias, pese a ser mayor el impacto de esta crisis por nuestra enorme dependencia del casi paralizado sector turístico, lo que afecta al conjunto de la economía y también a la capacidad recaudatoria de las administraciones, el Gobierno está cumpliendo en tiempo y forma con los pagos a proveedores. Con un plazo medio de 14,89 días, según los datos correspondientes al pasado mes de julio dados a conocer por el Ministerio de Hacienda, lo que nos sitúa entre las tres administraciones autonómicas más ágiles y eficaces. Y a enorme distancia de Baleares (53,06 días), Cataluña (44,69) o Aragón (35,5). La media de las nacionalidades y regiones es de 31,44 días.

 

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, a través de su Intervención General, ha cumplido escrupulosamente desde su toma de posesión en el verano de 2019 y está muy por debajo del plazo máximo de 30 días establecido legalmente para el pago a proveedores. Una circunstancia posibilitada por el esfuerzo y la eficiencia en la gestión, que permite que nos encontremos en una situación de saneamiento y liquidez que redunda en beneficio de las empresas que operan con la administración y, en definitiva, de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Un saneamiento y liquidez que pretendemos prolongar en los próximos y difíciles años mediante la movilización de recursos propios y de transferencias estatales y europeas.

 

Ahorro en deuda

Otro asunto importante para las arcas públicas lo constituye la gestión de la deuda pública canaria (6.498 millones de euros), refinanciándola y ampliando los plazos de su amortización. En el primero de los casos se trata, básicamente, de reorganizar la deuda adquirida en ejercicios anteriores a un precio muy elevado, cuando nos castigaba la prima de riesgo, para refinanciarla en las mejores condiciones que ofrece actualmente el mercado público y privado. A lo que ha ayudado de manera muy significativa que el Banco Central Europeo haya puesto en circulación 1.3 billones de euros.

 

Así, en los próximos años Canarias se ahorrará más de 30 millones de euros en pago de intereses de deuda gracias a la refinanciación de varios préstamos contratados antes de 2018. En tres operaciones, dos de refinanciación en mejores condiciones por importes de 748,4 millones y 943 millones, y otra de ampliación de plazo de amortización por 1.000 millones de euros. Puestas en marcha por la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Hacienda y que han contado con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. Las tres operaciones, que suman casi 2.700 millones, suponen mejorar las condiciones de un 40% de la deuda viva de la Comunidad Canaria.

 

Continuaremos trabajando en esa línea. Sin liquidez resultaría imposible que las administraciones desarrollemos las políticas sociales y económicas. Esas medidas de renegociación de la deuda y sus plazos son posibles porque tenemos solvencia y generamos confianza, con una deuda per cápita y con relación al PIB por debajo de la media de las comunidades.

 

Estos datos de solvencia positivos para nuestras Islas permiten que podamos combatir los efectos de la crisis en los servicios públicos e incluso mantener la inversión y, precisamente por eso, no deben llevarnos al espejismo de endeudarnos más porque después habría que pagar más y el gasto público podría hacerse insostenible.

 

Aunque nuestros actuales parámetros financieros nos permitirían acceder a nuevo endeudamiento en condiciones favorables, considero que no será de momento necesario. Y que podemos garantizar el próximo año los servicios públicos, la inversión y la ayuda a empresas, trabajadores y familias mediante las transferencias estatales, los Presupuestos Generales del Estado, la actualización de la financiación autonómica, los planes de reconstrucción europeos y las partidas del marco financiero 2021-2027 de la UE, así como el abono de la deuda de 516 millones del Estado con Canarias relativa a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras; y recurriendo a nuestros ahorros.

 

Persistiendo en las políticas anticíclicas, expansivas, que precisa hoy la respuesta a una crisis de enormes dimensiones. Para contribuir a salvar a la economía y a la gente. Para generar condiciones para lograr un futuro mejor. Sostenible social, económica y medioambientalmente. Pero siendo plenamente conscientes de que después de este paréntesis de suspensión de las reglas fiscales vendrá un período de consolidación fiscal para el que tenemos que estar preparados, situados en las mejores condiciones. Garantizando la sostenibilidad financiera de los servicios públicos de hoy y del futuro. 

 

Román Rodriguez es vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

 

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