12/09/2020 - 21:05

Inmigración, empezando otra vez de cero

Román Rodríguez

Román Rodríguez

La mayoría de los expertos coincide en que el siglo XXI será el siglo de las migraciones. A las que se producen como respuesta a la falta de expectativas y a la pobreza -de las que tantas veces formamos parte los canarios a lo largo de nuestra historia tras la caída de alguno de nuestros monocultivos, tomando rumbo a Venezuela, Argentina o Cuba-, los regímenes autoritarios o los conflictos bélicos, se están uniendo las vinculadas a las consecuencias de la crisis climática: inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdidas de cosechas…

 

Es un fenómeno mundial que exige políticas en el ámbito internacional y en el de los estados. En nuestro caso, lo vivimos directamente como frontera sur del Estado y de la Unión Europea. La Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas plantea entre sus metas “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. Ese es, sin duda, el camino más adecuado.

 

Hace dos meses visité, sin convocatoria de medios, a los inmigrantes albergados en el pabellón deportivo de La Isleta, donde Cruz Roja realiza una labor encomiable, y llegué a dos conclusiones: las inaceptables condiciones de habitabilidad y el deseo de la mayoría de aquellos jóvenes de continuar su periplo hacia otras latitudes, principalmente Francia, donde les esperan familiares y allegados dispuestos a acogerlos para que tengan la oportunidad de emprender una nueva vida. Me resultó muy revelador e incluso emocionante conocer sus anhelos y escuchar al personal que los atendía hablar con afecto, destacando la corrección de su comportamiento los meses que llevaban allí.

 

Vivimos en estos momentos un relevante repunte en la llegada de barquillas con inmigrantes irregulares al Archipiélago, realizando una travesía muy arriesgada en la que muchos acaban perdiendo la vida. No se trata, de momento, del mayor de los experimentados en los últimos 25 años. Pero sí resulta significativo por el número de personas que han llegado en pocas semanas y, también, por la falta de adecuada respuesta, una vez más y como si no hubiera antecedentes en los últimos veinte años, por parte de la Administración General del Estado. Empezando otra vez de cero.

 

 Aprender de la historia

La primera patera llegó a Canarias a mitad de los años noventa, posteriormente vendrían barcos chatarras y cayucos, con mucha mayor capacidad. El fenómeno se incrementó a finales del pasado siglo y comienzos del actual, con cifras que superaron los 9.000 hombres y mujeres en los años 2002 y 2003. Aunque, fue 2006, con diferencia, el año con mayor número, 31.678, reduciéndose a más de 12.000 en 2007 y a 9.181 en 2008. Desde un primer momento las instituciones y la sociedad canaria actuaron de forma responsable y humanitaria. Adoptando sus propias decisiones y exigiendo las que le correspondían al Estado y a la UE en materia de inmigración y extranjería. No es admisible que, después de dos décadas, la respuesta ante la significativa llegada de inmigrantes que estamos viviendo, lejos de mejorar, sea más deficiente que entonces. Una respuesta cuya imagen más significativa, pero no la única, ha sido el inhumano campamento improvisado en Arguineguín.

 

 Ya en junio de 2000 se procedió a la creación del Foro Canario de Inmigración (Decreto del Gobierno de Canarias 73/2000 de 8 de mayo) como órgano de participación, asesoramiento y consulta de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a la situación y necesidades de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados residentes en Canarias. En esas fechas, como presidente del Gobierno canario me entrevisté con el titular del Ejecutivo español, a quien solicité un mayor control de nuestras costas y al que advertí que la capacidad de acogida se encontraba saturada y sin capacidad de adecuada y digna respuesta, solicitándole el traslado de inmigrantes a otras comunidades autónomas, así como planteándole la necesaria implicación de la UE. Es en junio de 2002, en el Consejo Europeo de Sevilla, cuando la UE comienza a diseñar una política en materia de migraciones.

 

 En el 2002 el trabajo realizado en las Islas fructifica en el Plan Canario sobre Inmigración, aprobado en junio, y en la firma del Pacto, en diciembre. Es decir, en un diagnóstico de la situación y políticas para afrontarla y, asimismo, en un amplio acuerdo político y social sobre este fenómeno. Entrando en aspectos como la respuesta social e institucional, el marco jurídico y competencial, el marco organizativo y funcional, líneas estratégicas, objetivos y destinarios del Plan. Así como medidas y acciones preventivas, presupuestos y financiación, y seguimiento y evaluación. Estableciendo, en definitiva, las bases de una política para abordar el fenómeno migratorio desde el respeto a los derechos humanos y la lucha contra las mafias que trafican con personas, comprometiéndose a trabajar desde el máximo consenso y sacando al tema de la lucha partidista.

 

En el verano de 2002 se firmó, asimismo, un Decálogo para una comunicación integradora y no xenófoba por parte de los máximos responsables de los medios de comunicación del Archipiélago.

 

Siendo además contundentes en las reclamaciones al Estado central y a la UE. Que entonces se centran en asegurar la vigilancia efectiva de nuestras aguas y costas, evitando que se incrementen las víctimas; la puesta en marcha de cuatro centros de internamiento de extranjeros, con un máximo de 250 plazas cada uno, en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, y derivación a otras comunidades cuando se cubra su capacidad; intensificar la colaboración con los países de origen para su retorno, y articular los mecanismos “para que Canarias no se convierta en un lugar sin salida para las personas inmigrantes en situación irregular”. Unas reclamaciones que, desgraciadamente, han vuelto a recobrar toda su vigencia ahora y después de que entre 2006 y 2008 viviéramos este fenómeno migratorio en su momento más crítico desde el punto de vista cuantitativo.

 

 Atención humanitaria y derivación

Ese compromiso global de las administraciones y del conjunto de la sociedad sigue siendo esencial hoy. En las circunstancias actuales hay que exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones, que acabe con el enfrentamiento estéril entre los ministerios de Defensa e Interior y el ocultismo del titular de este último, que dé prioridad a la urgente puesta en marcha de instalaciones (hay muchas militares vacías en distintas islas) donde las personas inmigrantes sean atendidas con dignidad, que facilite las derivaciones a otras comunidades y al resto del continente europeo.

 

Y Canarias debe cumplir con las suyas: atención a menores migrantes no acompañados, así como las distintas políticas sociales o del ámbito de legislación laboral que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Combatiendo la xenofobia, el racismo y los discursos de odio. Colaborando con las autoridades estatales. Articulando reflexiones y diseñando políticas en esta materia; además, creo que se necesita reeditar un gran pacto entre los agentes sociales y políticos de las Islas. Con el relevante papel que debe jugar el Foro Canario de Inmigración y un nuevo plan en materia migratoria para los próximos años. 

 

Román Rodríguez es vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

 

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