01/08/2020 - 15:56

Cero energético: nunca más

Manuel Marrero

Manuel Marrero

El 21 de noviembre de 2002, dos días después del accidente del petrolero ‘Prestige’, se constituyó la plataforma ciudadana ‘Nunca máis’ (‘Nunca más’, en castellano), luego transformada en movimiento popular masivo, para reclamar responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas por aquel desastre.

 

Además de movilizarse para limpiar la costa de aquel vertido tóxico, también sirvió para incrustar en la memoria colectiva la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar futuros desastres. Algo parecido a lo que sucedió en la sociedad tinerfeña cuando se luchó contra el tendido eléctrico de Vilaflor.

 

En Tenerife, y salvando las distancias, sufrimos desde hace décadas las consecuencias del desastroso y obsoleto modelo energético que ha sido bendecido por los distintos gobiernos de Coalición Canaria y la derecha tanto política como empresarial de la isla.

 

Y creemos que es el momento, ahora que Tenerife ha sufrido un segundo cero energético en menos de un año (cinco en los últimos 11 años), de decir ‘Nunca más’.

 

Un grupo amplio de gente hemos soñado que otra Canarias podría ser posible y estamos convencidos de que podemos contagiar de este optimismo social a la mayoría de la gente.

 

Esta pandemia nos está sirviendo de aprendizaje para entender que la era anterior al coronavirus forma parte del pasado y que, por lo tanto, Canarias debe caminar, como así lo recoge el Pacto por la Reactivación Social y Económica suscrito recientemente (con el desmarque del PP y Cs), hacia una nueva realidad distinta a la que existía con anterioridad y que dejó instalada a las Islas en altos niveles crónicos de pobreza, exclusión social, paro y dependencia del exterior.

 

Esa nueva realidad pasa por crear una empresa pública de generación, distribución y comercialización de la energía en Canarias por parte del Gobierno del Pacto de las Flores para avanzar hacia la soberanía energética y no depender ni del exterior ni de las multinacionales instaladas en nuestras islas.

 

Es el momento de hacer una rápida transición hacia un nuevo modelo energético que comporte no sólo el uso de energías limpias tan abundantes como son el sol, el viento, el mar y los volcanes sino también la democratización de la producción de la energía”.

 

Debemos impulsar el autoconsumo y la generación distribuida, que haga posible lo que tantas veces hemos dicho de que toda la ciudadanía pase a ser la propietaria de sus contadores.

 

Este nuevo cero energético, que afectó a más de un millón de habitantes de la isla de Tenerife, con los hoteles y restaurantes cerrados y la actividad económica en proceso de despertar del letargo de la cuarentena, hay ya que calificarlo como de una auténtica estafa a la ciudadanía, que es la consumidora cautiva del oligopolio energético de la isla.

 

Las excusas puestas por la Empresa Nacional de Energía S.A. (Endesa) y Red Eléctrica Española (REE) son nada creíbles. El despliegue de demagogia y medias verdades en sus declaraciones y con el apoyo incondicional de opinadores de parte es evidente.

 

Somos los consumidores los que pagamos el mantenimiento de la red de transporte y distribución con un 19 por ciento, aproximadamente, de lo que pagamos en la factura. Somos nosotros, los de siempre, los que pagamos.

 

Igualmente pagamos el mantenimiento de los grupos y ciclos combinados de generación a través del concepto de pago por disponibilidad de capacidad, además de un incentivo a la inversión de unos 20.000 euros por cada MW y año durante los diez primeros años.

 

En consecuencia, los titulares de la central térmica están obligados a mantener los diferentes equipos de generación en perfectas condiciones de funcionamiento. ¿Por qué no han funcionado unos grupos de respaldo que pagamos entre todos y por qué nunca nos enteramos de las causas reales de los apagones?

 

No podemos hablar en Tenerife de calidad y garantía de suministro, porque el origen del problema está en la privatización de Endesa que realizó Aznar en 1998. Posteriormente, ya en la etapa de ex presidente, las puertas giratorias lo llevaron al consejo de administración de Endesa y, desde 2009, con la multinacional Enel controlando la mayoría de las acciones, los sistemas insulares canarios pasaron a manos de la multinacional italiana.

 

Lo primero que hicieron fue descapitalizar y endeudar a Endesa con la compra, por debajo de su precio real, de sus activos en el extranjero. Como todo el mundo sabe, en las privatizaciones hay un difícil equilibrio entre los beneficios empresariales y la calidad del servicio y, posiblemente, esté ahí la contextualización de los apagones generales de Tenerife y otras islas.

 

A esta falta de transparencia hay que añadirle la injusticia de un sistema eléctrico que está cobrando en Canarias, a todos, en concepto de término de potencia (suma de las potencias contratadas) por unos 6.450 MW, cuando en realidad la potencia instalada en todos los sistemas insulares está en torno a unos 3.300 MW y el pico de demanda en unos 1640 MW.

 

Es decir, estamos todos los titulares de contratos de suministro eléctrico de Canarias pagando por unos 3.000 megawatios de potencia, supuestamente instalada, que no existe. En buena parte de los contratos, el término de potencia significa un 30 y hasta un 40 por ciento del total facturado.

 

Mantener las centrales de respaldo cuesta unos 800 millones de euros al año, para que luego no funcionen. Por tanto, las multas de 10 o 30 millones son calderilla asumible por los responsables de los apagones.

 

Y además, todas las recurren y muchas las ganan, gracias a las ‘gateras giratorias’, propiciadas por los abogados del Estado y otros altos cargos que transitan los caminos entre lo público y lo privado, jugando con ventaja.

 

En tiempos de José Manuel Soria, que nos engañó con la historia de que las primas a las renovables eran la causa del déficit tarifario, el término de potencia se subió un 100 por 100 para incrementar los ingresos fijos del sistema y anular los efectos del ahorro y la eficiencia en el consumo.

 

Por lo tanto, sostenemos que otro sistema de regulación más sostenible y justo es posible.

 

El tiempo y la frecuencia con la que se producen los ceros energéticos nos indican que no tenemos en las islas unos servicios eléctricos con la calidad y seguridad en el suministro que predican REE y la multinacional italiana. Las multas no resuelven el problema y las privatizaciones van a maximizar beneficios a costa de la calidad del servicio.

 

Este problema forma parte de un viejo modelo energético centralizado, contaminante, caro y que se encuentra al final de su ciclo vital.

 

Ahora es tiempo de las renovables, de cambiar los sistemas energéticos insulares a modelos descentralizados; cambio también del protagonismo, que debe pasar de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda con la participación ciudadana y de las administraciones locales, un control público como corresponde a un sector estratégico tan importante como el energético al que se incorpora una movilidad sostenible a través de la electrificación del transporte.

 

La base del nuevo modelo energético no son las grandes infraestructuras. Es el ahorro, la eficiencia y favorecer sistemas de generación distribuida con los que son prácticamente imposibles los ceros energéticos generales.

 

Porque la generación de autoconsumo compartida y con almacenamiento está repartida por todo el territorio insular y si falla un punto el resto continúa funcionando. Se trataría de averías puntuales de escasa repercusión en los servicios y la economía.

 

El modelo no es unir todas las islas por cables, como no lo es tampoco unir todo el continente europeo con gaseoductos y cables. Por lo tanto, la solución hay que plantearla en el marco del nuevo modelo energético al que deberíamos ir mediante una transición que cambie los sistemas insulares.

 

Un cambio que va más allá de la sustitución del petróleo por renovables.

 

Dejar, como está pasando, los recursos energéticos renovables, que están aquí y son gratis, en manos de las eléctricas y fondos de inversión, es dar continuidad a la parte más perversa del viejo modelo y renunciar, al mismo tiempo, al papel que este sector estratégico puede tener en la reactivación y diversificación económica de las islas en el contexto de una grave crisis económica sobrevenida por la pandemia.

 

El modelo actual, sea con fósiles o con renovables, es un modelo donde se produce la energía de forma concentrada en pocos puntos, propiedad de los oligopolios, ya sean motores de fuel, aerogeneradores o placas fotovoltaicas. Son los dueños de nuestros contadores y, por tanto, ponen las condiciones a los gobiernos y a los consumidores.

 

Por eso el acuerdo sobre el modelo energético, que marca nuestras vidas, que marca la producción y la movilidad, es el fundamental de los acuerdos. Y por eso, mostramos nuestra continua preocupación, porque no seamos capaces de acertar o no se tenga la voluntad suficiente para caminar en la dirección adecuada.

 

Algunos consideran un objetivo deseable llenar nuestras islas de aerogeneradores, de alto coste económico y gran impacto visual en el paisaje.

 

Aerogeneradores que seguirán siendo propiedad de los mismos que producían energía eléctrica con combustibles fósiles, importados de cualquier lugar del planeta. Y que ahora alargan la mano y se apropian de nuestros vientos alisios.

 

O, por aquello de la diversificación, esos mismos defienden la instalación de grandes parques solares, que consumen terreno, y que siguen siendo propiedad de los mismos que las centrales de fuel, o los aerogeneradores. No han tenido más que alargar la mano y hacerse con la propiedad de los rayos solares.

 

Parques eólicos, sí; pero concentrados en lugares concretos, gestionados desde lo público, y con participación público-privada.

 

Fotovoltaica subvencionada, en todos los edificios públicos, comunidades de vecinos, naves industriales y viviendas particulares, favoreciendo la economía social.

 

La transición hacia un nuevo modelo energético para estas islas tiene que poner en cuestión el modelo de propiedad de la producción de la energía y decidir quién vaya a ser el dueño de los contadores.

 

La ciudadanía empoderada tiene que ser la protagonista del autoconsumo. Solo así podremos decir que ‘Nunca más’ tendremos ceros energéticos.

 

Manuel Marrero Morales es portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.

 

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