07/12/2018 - 13:22

La participación de la mujer en política

Tomás Brito

Tomás Brito

Las raíces de la desigualdad en la participación política de la mujer ya estaban presentes en la propia constitución del Estado, surgido en la época de la Ilustración, donde en Francia, en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reafirmó la exclusión de las mujeres como titulares de los mismos derechos.

 

Con la Ilustración, las cualidades que se cultivaban en los hombres eran la autonomía, su individualización y su liderazgo, en contraste las capacidades de las mujeres eran orientadas a la sumisión, dependencia, obediencia, y la maternidad, su principal papel en la sociedad. Existía una separación simbólica del espacio público que ocuparía los hombres y el espacio natural de la mujer, que era el espacio privado. En el espacio público se ubicaría lo político, lo social, lo económico, lo cultural, mientras en el espacio privado la familia y lo doméstico.

 

La exclusión de las mujeres del espacio público mostraría el rechazo por movimientos críticos para exigir el reconocimiento de la mujer, destacando Olympe de Gouges, defendiendo la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, el derecho al voto, el acceso al trabajo público, a la vida política, el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar, destacando su obra “Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana” (1791).

 

A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron estableciendo sistemas electorales que comenzaron siendo muy restringidos y limitados a una élite, en el que votaban sólo hombres que cumplieron una serie de requisitos de instrucción, renta o clase social (sufragio censitario), hasta establecer sistemas de reconocimiento universal del voto. Aunque no todos los países pasaron por las mismas etapas y restricciones, ni en el mismo orden, en términos generales el sufragio universal se estableció con el Estado liberal de Derecho, para más tarde, a principios del siglo XX, surgir un movimiento social internacional, conocido como sufragismo que constituyó un movimiento reivindicativo de la igualdad política entre mujeres y hombres, reclamando el derecho de la mujer a votar y ser electa, desmontando la presunción de incapacidad y desinterés de la mujeres por la política.

 

Nueva Zelanda abrió la senda del reconocimiento al sufragio universal en 1893, continuando en numerosos países de Europa y América durante principios del siglo XX, en España se instauró el sufragio universal en 1931, pudiendo la mujer votar en las elecciones de 1933. Todavía, un siglo después del primer reconocimiento, el derecho al voto de las mujeres no es universal. No se reconoce en igualdad con los hombres en estados como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Líbano, el Vaticano y Brunei.

 

En España, la participación de la mujer en las Cortes fue muy complicada, en 1923 fueron designadas a título personal ya que no existía el sufragio universal, las 13 primeras mujeres diputadas durante la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde con la Segunda República, existían 3 mujeres diputadas. Destacando la diputada del Partido Radical, Clara Campoamor, abogada que peleó para establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad legal de los hijos habidos fuera y dentro del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal sin amedrentarse ni por las fuertes presiones que recibió incluso de su partido ni ante la perspectiva de que mantener su posición significara, como así fue, el final de su carrera política.

 

Durante la dictadura del General Franco, se revocó el derecho al sufragio, la participación de la mujer en las Cortes fue muy escasa, con el nombramiento de dos diputadas en 1943 pertenecientes a la Sección Femenina, o ya 15 mujeres en las Cortes en 1975.

 

La desigualdad en la participación política, desde las últimas décadas del siglo XX, cuestionan el carácter representativo de los gobiernos, implicando que surja la necesidad de implementar mecanismos que garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participación en la política de forma efectiva y equilibrada.

 

La participación de la mujer en política ha supuesto un gran avance en el periodo de democracia con la implantación de un conjunto de medidas de acción positiva en la normativa estatal para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Estas medidas de acción positiva se han aplicado conformando leyes para que en distintos ámbitos de la vida y sociedad se ofrezcan las mismas oportunidades para hombres y mujeres, sin ningún tipo de restricción, resultando de importancia llevarlas a cabo para la participación de la mujer en política.

 

Solozábal Echevarría  define las medidas de acción positiva como normas que establecen un tratamiento a favor de un colectivo desfavorecido, constitucionalmente protegido por una cláusula específica de no discriminación, y que tienen como objetivo último conseguir su igualdad material como grupo.

 

La  Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, LOIMH. aprobada en marzo de 2007, supuso la introducción en el ordenamiento jurídico español, un conjunto de medidas de acción positiva para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como la eliminación y prevención de conductas discriminatorias por razón de sexo que afectan a las mujeres.

 

La Ley obliga la ordenación general de las políticas públicas, bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género, estableciendo pautas favorecedoras de la igualdad en política educativa, sanitaria, cultural y artística, informativa, ordenación del territorio y medio ambiente, vivienda, deporte o cooperación internacional para el desarrollo. Además legitima a las instituciones públicas con competencias en materia de mujer y a las organizaciones para la defensa de los derechos de igualdad entre mujeres y hombres para actuar en determinados procedimientos judiciales.

 

Sobre las medidas de acción positiva para fomentar la participación política de la mujer, la LOIMH, en primer lugar en su disposición adicional primera define lo que es una lista con presencia o composición equilibrada, donde las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% de la lista. Con esta medida ha sido posible que las principales instituciones de representación política del Estado como el Congreso en la legislatura constituyente (1977-1979) la representación de mujeres diputadas fue de un 5,82%, frente al 94,18% que representaron los hombres, o el Senado la representación de mujeres senadoras fue de un 2,4% en dicha legislatura frente al 97,6% de hombres, hemos podido avanzar hasta cifras de representación de porcentajes en torno al 40% de mujeres y 60% de hombres. 

 

Pero la realidad y las estadísticas nos indican que aún persisten desigualdades entre mujeres y hombres, donde la sociedad tampoco ofrece las mismas oportunidades. La mujer se encuentra con un conjunto de barreras que le dificultan el acceso a la política como son la educación estereotipada marcando los roles que mujeres y hombres ocupan en la sociedad, la situación de la mujer en el mercado laboral con accesos a trabajos precarios y bajos puestos de responsabilidad, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral junto con la maternidad, y la violencia que sufren las mujeres, y la que se desprende sobre el consumo y los medios de comunicación, además de otros obstáculos subjetivos de las mujeres, que todo en conjunto supone un freno para la participación política de la mujer.

 

Como consecuencia de lo expuesto constatamos que una representación proporcional entre hombres y mujeres no puede ser un criterio enteramente válido, puesto que el fin que persigue una medida de acción positiva no es tanto lograr una igualdad numérica, que por un momento puede ser cierta, como garantizar en un futuro que se ha erradicado la discriminación histórica padecida por las mujeres. Si bien las medidas de acción positiva implementadas en la LOIMH han supuesto un gran avance para la participación efectiva de las mujeres en política, hay que observarlas como un mecanismo, pero no como un fin, donde hoy con el tiempo incluso están siendo un freno para la participación de la mujer en las instituciones constitucionales más significativas del Estado. 

 

En la actualidad el hecho de que la cuota femenina en las instituciones políticas se acerque al 40% establecido por Ley, no debe considerarse como un avance substancial de esta iniciativa, y tal vez, habría que estudiar las dinámicas internas dentro de los partidos como canales de expresión de la ciudadanía para explicar por qué no se promueve una proporción mayor de mujeres en puestos políticos. Algunas explicaciones apuntan a que las candidatas femeninas en los partidos son modificadas con más frecuencia que los masculinos, y éstas son confeccionadas por la elite masculina, donde los criterios de valoración para la selección deben ser cuestionados. Por otro lado,  se ha advertido que en la elaboración de listas, se sitúan a las mujeres en posiciones de salida donde sus opciones de ser electas son más reducidas. 

 

Esta es una realidad presente cuando los partidos políticos presentan una lista electoral para conformar las instituciones públicas representativas, ya sean para el Gobierno del Estado, para el Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los Cabildos o en las más cercanas, los Ayuntamientos de nuestros municipios. Es plausible a aquellos partidos políticos cuyas prácticas reflejan el trabajo conjunto de mujeres y hombres, donde no se releve a la mujer en las candidaturas y los hombres siempre sean candidatos eternos, y donde la mujer ocupe la posición más destacada. 

 

La representación política es un proceso complejo que abarca la figura y negociación de identidades, intereses, ideas, valores, perspectivas y experiencias de un grupo dentro de las instituciones políticas. La presentación incluye una argumentación simbólica, aspiraciones y la legitimidad para participar en la toma de decisiones políticas. 

 

Una mayor presencia de mujeres tanto en el sector público como privado puede traducirse en prestar especial interés en temas tales como justicia social, más presencia de organizaciones feministas que partidos políticos. No obstante, esto no es una garantía de que se protegerán los derechos de igualdad en el proceso de toma de decisiones, pero sí sirve para que en el futuro estás decisiones surjan de la participación.

 

La representación de la mujer en política tiene que ir a la par con la representación en el resto de Instituciones, donde las mismas son el producto manifiesto de la voluntad de otras personas, generalmente hombres. Esta representación tiene que dar traslado no sólo a la esfera de lo político y público, sino en todos los ámbitos de tomas de decisiones.

 

Parece ser que en el futuro la paridad dependerá de la posibilidad de participación más equitativa dentro de la maquinaria política, donde juntos, mujeres y hombres traten la perspectiva de género, articulando cambios estructurales, teniendo en cuenta el conjunto de las prácticas y las condiciones sociales, culturales y educativas.

 

Bibliografía:

- Ballager Callejón, M.L.: (2005) “Mujer y Constitución: la construcción jurídica del género.” Ed. Cátedra. 

- Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional.: (2014) Castells, I. (Editora) “Mujeres y constitucionalismo histórico español.” Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Oviedo.

- Consejo Europeo, “Carta de la Mujer de la Comisión Europea 2010”. Marzo 2010.

- Fernández, D.: (2014) “El largo trecho hacia la paridad.” El País Negocios. 2016.

- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, “Plan estratégico de Igualdad de oportunidades (2014-2016)”. Año 2014

- Pérez Arroyo, J.: (2007) “Curso de Derecho Constitucional”. Marcial Pons.

- Solozábal Echevarría, J. J.: (2010) Manual de Derecho Constitucional. Derechos y libertades. Ediciones CEF. Pág. 

 

Tomás G. Brito Santana es graduado en Derecho y Máster en práctica de la Abogacía

 

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