06/05/2018 - 09:16

Sentencia polémica, respuesta inmediata

Román Rodríguez

Román Rodríguez

La mayoría de la sociedad española ha reaccionado con perplejidad e indignación a la sentencia de La Manada. En la última semana han sido numerosas las movilizaciones ciudadanas, los debates que pretenden contextualizar la actuación judicial y las propuestas de cambio para que no se vuelvan a repetir estas situaciones que ponen en grave peligro los avances que las mujeres han logrado impulsar en las últimas décadas. Y que ha sido cuestionado por colectivos de psicólogos y psiquiatras, asociaciones feministas, partidos políticos y hasta por Naciones Unidas.

 

El pasado 8 de marzo vivimos, en España y en Canarias, las manifestaciones más multitudinarias en la celebración del Día de la Mujer de toda la historia democrática. Una jornada que, por sus contenidos y objetivos –lucha contra la persistente discriminación salarial, visibilización del trabajo doméstico y los cuidados a personas dependientes en el ámbito familiar, rechazo a la violencia machista…- significó una sacudida de las conciencias ante una situación de marginación que afecta, en los más diversos ámbitos, a la mitad de la humanidad.

 

Son numerosas las manifestaciones de violencia que las mujeres sufren en todo el mundo. Desde la prostitución a las violaciones, pasando por el acoso sexual, dentro o fuera del ámbito laboral; y los malos tratos que en España suponen numerosos asesinatos anuales de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y varias decenas de miles de maltratadas, víctimas de ese ataque cotidiano a su libertad, su dignidad, su integridad personal, sus vidas.

Si el 8 de marzo fue una inyección de moral en ese camino de transformación de la realidad de las mujeres, de superación de su marginación y segregación real, la citada sentencia constituye un golpe bajo, un retroceso en su consideración y derechos.

 

Resulta difícil de entender que unas circunstancias como las que sufrió la joven víctima de Pamplona sean consideradas solo como abuso sexual, con la intimidación que supone la acción conjunta de cinco hombres en un lugar apartado de la que le era imposible huir. Y en la que podía correr peligro su integridad física y hasta su vida, como hemos conocido en tantas ocasiones con un único agresor.

 

Reacción justificada

La reacción de protesta no ha sido tanto hacia los, más o menos, años que se ha condenado a los brutales agresores sino a la consideración de los hechos solo como abuso y no como violación. También al escándalo mayúsculo que ha supuesto el voto particular de uno de los jueces, que ni siquiera apreció delito alguno en los lamentables hechos.

 

Pero tras la airada y justificada protesta vienen otras tareas. Por un lado, la de su posible rectificación: la Fiscalía ha recurrido la sentencia al mantener su consideración inicial de que "los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no sólo de abuso sexual". Al igual que las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona.

 

Por otro, la de generar condiciones para que no se vuelvan a producir hechos similares. Es claro, en este sentido, lo que afirma la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Gloria Poyatos, que defiende una reforma del Código Penal “que clarifique el contenido de la ley, para que los casos no queden al socaire y la interpretación de género del juez". Solicita además al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los jueces cuenten con la pertinente formación para evitar que los estereotipos les afecten. "Los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos", aseguró.

 

El impacto social que ha tenido la sentencia ha tenido su reflejo en el Parlamento de Canarias en una proposición no de ley (PNL) apoyada por todos los grupos de la Cámara. En ella se solicita la revisión de la tipificación de los delitos “contra la libertad e indemnidad sexual” en el Código Penal, clarificando su redacción y logrando “una mejor adaptación a la realidad social y el reconocimiento internacional de la calificación de la violencia sexual, limitando la posibilidad de interpretarla”.

 

Pacto de Estado

Igualmente, la PNL propone modificar la ley orgánica que regula el Poder Judicial para integrar las distintas medidas formativas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Ggénero, posibilitando que todos los profesionales de la Administración de justicia puedan adquirir una formación especializada “en derecho antidiscriminatorio, que incluye la perspectiva de género y la transversalidad”.

 

Por último, el Parlamento canario insta a la aprobación de enmiendas en el debate de las cuentas públicas estatales que permitan dotar al Pacto de Estado con los recursos imprescindibles para su puesta en marcha. En este sentido, Nueva Canarias (NC) ha presentado una enmienda para duplicar la consignación, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de 80 millones de euros a 160 millones de euros. Completados por otros 40 millones de euros de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, dando así un primer y relevante impulso al plan de medidas que contempla el citado pacto. Arrancando, por tanto, con 200 millones de euros.

 

Un plan transversal, con actuaciones en los ámbitos educativo, sanitario, judicial o policial, que pretende abordar uno de los grandes problemas de la sociedad española. Requiere del esfuerzo, de la autocrítica, del empeño de todos los sectores de la sociedad si queremos ir ganando cada día espacios para la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres, superando cualquier elemento de segregación, combatiendo firmemente el machismo y sus terribles lacras. La lucha contra la violencia machista debe ser una prioridad política, social y presupuestaria.

 

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

 

Comentarios

  • Las otra manadas no mediaticas
    08/05/2018 - 09:52

    La democracia exige la separación de poderes, los politicos no han de interferir como han hecho en las decisiones judiciales, de lo contrario la democracia terminara por derrumbarse; Por otra parte no se pueden hacer juicios paralelos, por mucho que los grupos feministas ( cada dia más radicales ) presionen al máximo, no se puede culpar a hombres a priori, sin pruebas, simplemente por ser hombres, la ley ha de ser igual para todos como nos garantiza la Constitución pero lamentablemente hoy en día en España tenemos una ley ( la de violencia de genero ) que nos trata de manera desigual ante el mismo delito; Lamentablemente ha habido otros muchos casos parecidos e incluso mucho peores en Europa y en España y no se le ha dado el mismo tratamiento mediatico, más bien se ha tratado de tapar, recordemos las violaciones y abusos maxívos de fin de año en Alemania, lo cometido por magrebies en Almeria o en el sur de esta misma isla; los politicos han de dejar de hacer demagogia y de buscar votos en cualquier hueco, para intentar hacer una democracia más fuerte y una sociedad más igualitaria en la que los hombres no seamos los nuevos marginados.

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