30/04/2018 - 17:59

Política para la accesibilidad

José Miguel Álamo

José Miguel Álamo

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, se ha comprometido a que los Ayuntamientos utilicen unos 5.000 millones de superávit de 2017 durante este año y el próximo. Esta decisión ha supuesto que muchas de las corporaciones locales, hayan hecho públicas sus cifras con el objetivo de estudiar, cómo invertir este dinero en infraestructuras más sociales.

 

El Ayuntamiento de Valencia ha comunicado que el superávit del año pasado asciende a 62,2 millones, Sevilla 50; Zaragoza, 43,5 millones; Valladolid, 22; Ibiza, 17; Vigo, 12; Salamanca, 10,7; León, 7,4; Barcelona, 1,3 millones y Madrid hasta 1.120 millones. De Las Palmas de Gran Canaria, todavía, no sabemos nada, aunque parece que hay previsión de tener superávit.

 

Ahora, las corporaciones tienen que decidir en qué quieren invertir. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha enviado a la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda un listado de actividades que incluyen infraestructuras sociales, culturales y deportivas, recogida y tratamiento de residuos, seguridad y protección civil, equipamiento de dependencias municipales y fomento del empleo. Desconocemos las que nuestro ayuntamiento haya enviado.

 

En Canarias, en esta nueva situación, nuestra municipalidad dispondría de algo más de 300 millones de euros que tienen en las entidades bancarias, según las cifras que maneja la Federación Canaria de Municipios y publicadas, en algunos medios de comunicación.

 

Por ello, el grupo popular ha solicitado al gobierno tripartito de esta ciudad, que dedique al menos un 10 % del superávit de 2017 a un plan extraordinario de inversiones sostenibles en accesibilidad universal, que comenzaría a ejecutarse este mismo año 2018 y que la decisión que se tome, esté avalada por la Mesa de Accesibilidad, que hasta ahora y durante este mandato, sigue sin existir.

 

El Partido Popular en la legislatura pasada, trabajó por una ciudad accesible. En la actualidad hay más itinerarios, kilómetros mejorados en lugares como León y Castillo, Pío XII, Bravo Murillo y Avenida Primero de Mayo. También se desarrollaron distintas campañas de generación de una cultura por y para la accesibilidad universal y la inclusión; Gran Canaria Accesible, era una realidad de colaboración con los ayuntamientos de la isla, en este sentido.

 

Pero lo más importante, es que todo este trabajo era por la sensibilidad que se tenía para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y por ello, además como forma de participación, se impulsó la Mesa de la Accesibilidad, en la que tenían representación los distintos colectivos de este ámbito. La colaboración e incidencia política no quedaba sólo en el ayuntamiento porque era preciso dotar a los colectivos de un órgano de cooperación y observación de las actuaciones de accesibilidad que se realizaban en la ciudad.

 

No se trata sólo de la “supresión de barreras”, hablamos de “accesibilidad universal”, y esto significa que tiene que existir una política en nuestra ciudad en la que se aplique la normativa; se establezcan medidas de gestión, control y seguimiento; se trabaje por la concienciación, se desarrolle la formación y se fomente la participación ciudadana.

 

José Miguel Álamo Mendoza es concejal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria.

 

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