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Opinión -10/09/2017 - Actualizada a las 08:39
Colaboración

El verano: el empleo, la corrupción y el problema catalán

Fernando T. Romero

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), uno de cada cuatro contratos firmados en julio (23,8% del total, es decir, casi 20.000 empleos en las islas), tuvo una duración inferior a la semana. Canarias se situaba en la décima posición entre las Comunidades Autónomas en creación de empleo con 78.125 contratos.

 

Los datos globales de julio arrojaban una cifra a nivel estatal de 1.993.000 contratos. De ellos, 458.814 duraron menos de una semana y 89.919, entre siete y quince días. Asimismo, 165.961 contratos tuvieron una duración entre 15 días y un mes. Y 295.060, entre uno y tres meses. Sólo 151.988 contratos (7,88% del total) fueron indefinidos.

 

Resumiendo, en el mes de julio se registraron en España más de un millón de contratos con una duración de entre menos de una semana y hasta un máximo de tres meses (50,66% del total). Es decir, que de los pomposamente cacareados casi dos millones de empleos creados, algo más de la mitad no superaban los tres meses de duración. ¿Qué persona (joven o adulta) puede planificar su futuro (su vida) con un empleo que, como mucho, dura tres meses? Y, además, ¿de qué salarios estamos hablando? Ese dato, por vergonzoso, todos lo callan.

 

Por otra parte, según datos del INE, la recuperación económica cabalga con gran intensidad sobre el capital y sobre los beneficios empresariales, mientras que los salarios -ya no digamos el empleo- siguen sin recuperar el nivel pre-crisis.

 

Se trata de una brecha que está provocando serias desigualdades y que probablemente esté calentando a fuego lento el ambiente laboral en este país. Es lo que ha ocurrido el pasado agosto en el colectivo de seguridad privada del aeropuerto de Barcelona, con vocación de extenderse a otros, y de continuar con la plantilla de AENA.

Éstos constituyen dos claros ejemplos que reflejan no sólo las discrepancias, sino también las ansias de justicia social. Por ejemplo, la empresa Eulen abona exiguos sueldos en El Prat, mientras el pasado año aumentaba su beneficio empresarial en un 64%.

 

En cuanto a Aena, sus empleados demandan subidas salariales y la creación de más puestos de trabajo, después de su innecesaria privatización. Pues bien, esta empresa cerró 2016 con 1.100 millones de beneficio neto, un 40% más que en el año anterior.

 

Los signos de recuperación, unido al desprestigio sindical y a la elevada falta de combatividad de los asalariados, han enfriado las protestas. Pero como ha escrito Fátima Martín del Toro, “seguir tragando, empieza ya a no ser una opción”.

 

Las circunstancias empiezan a cambiar. El descalabro económico ya no es igual para todos y se impone la exigencia de un mejor reparto de la renta, incluso, con medidas de presión. Sin embargo, cuando se plantea un conflicto laboral el gobierno responde estableciendo unos servicios mínimos entre el 90% y el 100% de las plantillas, con lo que los efectos de las huelgas desaparecen y este derecho constitucional queda “de facto” anulado, prohibido. Y aquí no pasa nada.

 

Mientras tanto, según la Agencia Tributaria, los datos de la última estadística del impuesto sobre el patrimonio de 2015 indican que la cantidad de multimillonarios (patrimonio superior a 30 millones) ha crecido un 23,9% desde finales de 2012. Y desde 2014, el crecimiento ha sido del 8%. Y por si fuera poco, el Banco de España ha asumido que de los más de 54.000 millones de euros que costó el rescate bancario, no se recuperarán 40.000 millones, cantidad que perderá el erario público. ¿A quién sirve el gobierno?

 

Por ello y a pesar de todo, ante la mejoría de la economía, ya es urgente establecer medidas que obliguen al acuerdo entre las empresas y sus empleados, para que empiecen también a socializarse las ganancias en estos momentos de consolidación de la recuperación. Y en este aspecto, el papel del Gobierno es fundamental. Por un lado, derogando la reforma laboral. Y, por otro, fijando un salario mínimo más elevado, para que presione al alza las retribuciones. Pero este gobierno no está para nada de eso.

 

Por otra parte, y en otro orden de cosas, de todos es sabido que un director de campaña electoral, un director de lo que sea o simplemente el presidente de una comunidad de vecinos, de lo primero que se ocupa es de conocer con exactitud los recursos económicos de los que dispone para luego diseñar, con ayuda o no de un contable, los presupuestos necesarios para cumplir sus objetivos.

 

Y si el dinero no es suficiente, es el director de campaña, no el contable, el que propone pedir un crédito bancario, relanzar una campaña, plantear una derrama o simplemente hacer una rifa para adquirir más recursos económicos. Esto es lo que nos indica el sentido común y la sensatez a la hora de administrar cualquier entidad.

Sin embargo, el sensato y moderado Rajoy que siempre autoproclama su propia sensatez y sentido común para atacar a sus adversarios políticos, se burla ante un tribunal, del propio tribunal, de los abogados, de sus militantes y de toda la sociedad.

 

Este individuo, presidente del Gobierno, ya se burló de todos cuando en una ocasión proclamó que no estaba en política por dinero. Según ha publicado el periodista Alfonso González Jerez, “desde la presidencia de Aznar, la élite del PP se asignó unos cuantiosos sobresueldos que Rajoy ha llamado complementos. Sólo en 2011, el actual presidente del gobierno cobró 200.000 euros directamente de su partido, además de su jugoso salario como diputado. Y entre 2003 y 2011 cobró del PP más de 1.390.000 euros, según su declaración de la renta”.

 

Y continúa: “Sin embargo, Mariano Rajoy nunca se preocupó de saber de dónde procedía tanta generosidad o cómo se las arreglaba su partido para llenarle los bolsillos, aunque, además, ya cobrara el salario de un diputado o de un ministro”.

 

Su irresponsabilidad podría ser de juzgado de guardia: no sabía de dónde salían los fondos económicos de las campañas electorales ni los muchos aguinaldos que llegaban a la calle Génova. Y si respondió a los mensajes telefónicos de Luis Bárcenas, lo hizo por pura educación. ¡Vaya cara!

 

Rajoy salía sonriente del interrogatorio gracias a su impresentable cinismo y al poder que le otorgaba el cargo que ejerce. Pero ha demostrado, una vez más, que es un maestro a la hora de escurrir el bulto y de hacer siempre como si la cosa no fuera con él.

 

Mientras tanto y cambiando de tercio, el PP ha continuado convenciendo a los ciudadanos de que el único problema que existe en este país es la amenaza -realmente grave y desgraciada- de la separación de Cataluña. Sin embargo, siendo Rajoy consciente de que el problema catalán no es sólo y exclusivamente de carácter jurídico, se ha dedicado durante años a ejercer el inmovilismo político más irresponsable.

 

Y ahora, tras su manifiesta incapacidad política para enfrentar el problema y llegado ya el más que anunciado “choque de trenes”, el PP utiliza la amenaza independentista para reclamar sin matices la adhesión del resto de los partidos. Y, además, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, políticos y tertulianos se escandalizan y se sorprenden hipócritamente de las decisiones tomadas por el Parlamento de Cataluña. Todos ellos en su habitual y, a veces, prepotente y altanera sabiduría cotidiana, ¿acaso no sabían que esto iba a suceder?

 

Por último, tras la grave vorágine político-legal (acción-reacción) de los últimos días que conduce al imprevisible 1 de octubre catalán, tarde y mal, por fin Rajoy acepta la propuesta del PSOE de crear una Comisión Parlamentaria no permanente en el Congreso de los Diputados “para la evaluación y la modernización del estado autonómico”. Pero eso sí, sin que ello suponga ningún tipo de reforma constitucional. De esta manera, poco o nada se puede avanzar. Y es que no aprenden.

 

Fernando T. Romero Romero es profesor y ciudadano de Agüimes.