06/09/2008 - 00:32

El fiscal del ?caso Barrios? pide cinco años de cárcel para el interventor Orts, el ex edil Santana (NC) y un funcionario municipal de Telde

Entiende que hay indicios que parecen probar que incurrieron en presuntos delitos de fraude ilegal junto a otro de prevaricación y otro de falsedad en documento público al tramitar tramitar facturas falsas para el pago por el Ayuntamiento a una empresa de grúas por servicios que nunca se llegaron a prestar

El fiscal del ?caso Barrios? pide cinco años de cárcel para el interventor Orts, el ex edil Santana (NC) y un funcionario municipal de Telde
Imagen de archivo de Orts (d) en un pleno de Telde (Foto Tito Pulido)
TELDEACTUALIDAD
Telde.- A Telde no le dan tregua en los juzgados. La última novedad ha saltado en el caso Grúas Barrios. El Ministerio Fiscal apunta alto y reclama 5 años de prisión para el ex edil Antonio Santana, actual gerente de Recaudación, para el interventor Enrique Orts, apartado del servicio, y para un funcionario

El fiscal, Antonio Amor, reclama penas de cárcel para el ex edil Santana, para Enrique Orts, que por otra parte es uno de los principales imputados en la presunta trama de corrupción del caso Faycán, y para el funcionario Jesús Santana al entender que hay indicios que parecen probar que los tres encausados incurrieron en presuntos delitos de fraude ilegal junto a otro de prevaricación y otro de falsedad en documento público. Se les acusa de tramitar facturas falsas para el pago por parte del Ayuntamiento de Telde a una empresa de grúas por servicios que nunca se llegaron a prestar en realidad. Los hechos tuvieron lugar en la etapa en que Santana era edil de Hacienda por CC entre 1999 y 2003 (hoy está en NC), según publica Canarias7.

En su escrito de calificaciones, Amor pide además seis años de inhabilitación para estos tres imputados y una multa de 24 meses de 12 euros al día para cada uno de los tres. En el mismo documento solicita el concurso en la vista oral de al menos 11 testigos, entre los que figura el actual alcalde, Francisco Santiago.

Limpieza en Jinámar
El caso, que ha sido estudiado por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Telde y que ya ha llegado a la Audiencia Provincial, estalla después de que el gobierno de PP y AFV-Ciuca descubriera una factura de 6.652 euros que el Consistorio le abonó a finales de 2002 a Grúas Barrios por una operación de limpieza de 264 vehículos abandonados en el barrio de Jinámar. Tras una investigación interna, comprueban que muchos de los coches. según denunció el entonces edil de Tráfico, Carmelo Reyes (Ciuca), estaban en activo, por lo que sospecharon que el pago se había realizado por un servicio que no se había realizado. De hecho, comprobaron que cinco meses después de que se hiciera efectivo el abono, en abril de 2003, Grúas Barrios aportó una certificación con el listado de los 264 coches que supuestamente habían sido retirados. Ese papel estaba firmado por Jesús Santana, circunstancia por la que se ha visto implicado.

Falta el escrito de calificaciones de la acusación particular, si la hay, y el de la defensa. Luego la Audiencia señalará la vista oral.

Pago de la licencia
Carmelo Reyes, que ahora ejerce como concejal en la oposición, siempre sostuvo la tesis y la sospecha de que lo que hicieron Santana y Orts con esa supuesta factura falsa fue hacer un favor a la empresa Grúas Barrios y ayudarle a pagar las tasas por la licencia de apertura de sus instalaciones, de las que carecía pese a que desde hacía años era la concesionaria del Ayuntamiento para el servicio de grúas. De hecho, Barrios abonó esas tasas, valoradas en 5.600 euros, pocos días después de recibir el pago de esa factura por el Consistorio. Entiende Reyes que se inventaron el servicio para justificar la entrega de ese dinero.
 
Por su parte, en relación con esta misma noticia, La Provincia-DLP publica que el fiscal Antonio Amor solicita cinco años de prisión, multa de 12 euros diarios durante 24 meses (8.640 euros) e inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años para el ex concejal nacionalista Antonio Santana -actual coordinador del servicio de Recaudación de Telde-, el interventor Enrique Orts -marido de Toñi Torres y que se encuentra apartado cautelarmente de su puesto- y el funcionario Jesús Santana. A los tres se les acusa, por parte del ministerio público, de la presunta comisión de un delito de fraude ilegal "en concurso ideal con el de prevaricación" y de otro de falsificación documental, ambos tipificados en los artículos 438 y 390 del Código Penal, al tramitar y viabilizar el pago de una factura presentada en 2002 por el empresario ya fallecido Basilio Barrios, quien prestaba para el Consistorio el servicio de retirada de vehículos.

Según consta en el escrito de calificaciones del fiscal, fechado el 4 de agosto, los hechos se remontan a 2002, cuando Barrios presenta al cobro una factura de 6.336 euros que alude a la retirada de 264 coches de la vía pública y que, a distintos niveles, es cursada por estas tres personas.
Amor entiende que este servicio nunca llegó a darse y que Barrios -que firmó por cinco años el contrato de prestación del servicio en febrero de 1995 y lo tenía vencido en el momento de los hechos- pudo obtener "un incremento patrimonial ilícito" con esta operación. El empresario falleció en 2004 y por ello no ha sido encartado.

El documento relata cómo Santana "firmó una certificación" de estos supuestos trabajos que tuvieron por marco las calles de Jinámar y que Orts "fiscalizó" y cursó la factura "a sabiendas de que era falsa". El importe de la misma era, en octubre de aquel año, de 6.652 euros tras añadirle el IGIC. El entonces concejal de Hacienda, Antonio Santana, rubricó un decreto ordenando el pago por transferencia bancaria de 5.636 euros dos meses después.
El caso saltó a la opinión pública cuando el edil Carmelo Reyes (Ciuca) lo aireó en un pleno en octubre de 2005 y advirtió de la irregularidad no sin antes reseñar que, de haberse acometido, esta limpieza de coches tendría que haberse hecho sin sobrecoste alguno para las arcas municipales a tenor de lo acordado en febrero de 1995.

POTRERO. Reyes, concejal de Tráfico entonces, apuntó que, poco después de la famosa factura, Barrios pagó una cantidad similar de dinero al Consistorio en concepto de tasas para obtener la licencia de un potrero en Cruz de Jerez. Pese a ello, la cédula nunca se expidió. Y también agregó que algunos coches incluidos en la relación de los 264 vehículos -con matrículas concretas- nunca fueron retirados para su destrucción "pues seguían circulando".

El cruce de intervenciones acabó con la presentación de una denuncia en los juzgados de Telde al cerrarse un expediente de información reservada, lo que dio paso al inicio de diligencias y declaraciones.

En un principio se pidió también la imputación del actual alcalde, Francisco Santiago, pero la magistrada del caso, María de los Ángeles Zabala, del juzgado número 6, señaló en febrero que debían archivarse las actuaciones con respecto a él.
La acusación particular y la defensa deberán ahora esgrimir sus argumentos. El asunto tendrá que ser dilucidado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, previsiblemente en 2009.
 
 
X