19/03/2011 - 15:46

El Ayuntamiento de Telde publica la sentencia del TSJC que anula los presupuestos municipales de 2008

Por exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Ayuntamiento de Telde publica la sentencia del TSJC que anula los presupuestos municipales de 2008
Carmelo y Guillermo Reyes, en el pleno del pasado mes de febrero (Foto Tito Pulido)
 
HARIDIAN MEDEROS
Telde.- El Ayuntamiento de Telde ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y por exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la sentencia firme que anula los presupuestos municipales de 2008.
 
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictó el pasado mes de octubre una resolución en la que declaró la nulidad de dichos presupuestos, tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el portavoz de la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), Guillermo Reyes.
 
El Consistorio teldense aprobó el referido presupuesto en sesión extraordinaria y urgente el 25 de enero de 2008. AFV-Ciuca impugnó el documento por no ajustarse a la legalidad, mientras que la administración se opuso a la demanda.
 
Entre los motivos de impugnación de la demanda figura que la aprobación de la liquidación anterior se hizo con un remanente de Tesorería negativo.
 
Además, consta en el expediente administrativo cómo el propio interventor accidental expresamente reconoce que, si bien “este Ayuntamiento estaría obligado a realizar un plan de saneamiento económico financiero de reequilibrio que normalice la situación financiera de la institución en un plazo máximo de tres años”, se aparta de tal obligación con el único argumento de que “esta intervención de fondos tiene un criterio distinto de cómo afrontar la situación financiera provocada por el resultado negativo que refleja la situación del ejercicio 2006”.
 
De este modo, “el criterio resulta ser cubrir el citado déficit, ascendente a 35.462.99 euros, a través de la enajenación o concesión del patrimonio municipal del suelo, y sin proceder con ello a adoptar ninguna de las medidas presupuestarias legales establecidas en la Ley de Haciendas Locales para corregir las situaciones de desequilibrio presupuestario y remanente negativo de tesorería”, añade la sentencia.
 
Es motivo también de nulidad el hecho de que las cuentas de las sociedades mercantiles íntegramente participadas por la Administración demandada, entre ellas la empresa municipal de Vivienda y Suelo de Telde (Urvitel), no aparecen integradas en el presupuesto, pues de esta sociedad lo único que se adjunta es una “propuesta de presupuesto” o “estimación presupuestaria” para el año 2008.
 
“Encubierto” el déficit de Urvitel
Igualmente, la sentencia remarca que el Ayuntamiento “ha encubierto el importante déficit de Urvitel, que ni es mencionado ni se incorpora al presupuesto, siendo de tal magnitud el pasivo de dicha entidad mercantil que indudablemente puede afectar a la nivelación presupuestaria, lo que hace imprescindible la emisión del preceptivo informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias”.
 
Además, señala que no se ha incorporado al presupuesto general la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 2007, pues, el documento que incorpora, como liquidación del ejercicio, es el correspondiente al año 2006.
 
“Violaciones legales”
Según la Sala, consta en el presupuesto la enajenación de bienes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) por la cuantía de 8 millones de euros que obliga a dotar esa misma cantidad entre los gastos como inversión en conservación y ampliación del referido PMS.
 
Sin embargo, en el Capítulo VI, del estado de gastos en Inversiones Reales, figura, como aportación al PMS, la suma mucho menor de 21.000 y 100.000 euros para los conceptos “Adquisición de bienes patrimoniales” y “Adquisición de suelo”, figurando asimismo, entre las inversiones que se dicen reales, conceptos tan heterogéneos como “adquisición de esculturas, reposición de vehículos y reformas escolares”, e incluso gastos corrientes como “mantenimiento centro estimulación precoz”.
 
Asimismo, entre las “violaciones legales” citadas por el TSJC, estima que no existe informe económico financiero elaborado por el interventor habilitado como es obligado, sino que, en su lugar, se acompaña uno confeccionado por el interventor accidental, Antonio Ramírez.
 
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