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miércoles, 03 de septiembre de 2014Última actualización: 22:08Director: Carmelo J. OjedaISSN 1885-5636Año 9 nº 3485Establecer como Página de inicio
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OPINIÓN -09/06/2013 - Actualizada a las 09:54
Colaboración
El estadillo social que viene
Antonio Morales

Habló el obispo. Y llamó la atención sobre la enorme desprotección que sufre un importante sector de nuestra sociedad. Y puso el dedo en la llaga con los datos del responsable de Cáritas Pedro Herránz y el delegado episcopal José Domínguez sobre la pobreza en Canarias. Y mencionó la bicha del estallido social. Habló el obispo. Y dio un par de titulares. Y se obró el milagro… Y por eso se ha hablado mucho en los últimos días en los medios de comunicación del archipiélago sobre el paro y la miseria que corroe el bienestar y el futuro de una parte importante de la ciudadanía.
 
Estos datos se vienen repitiendo desde hace tiempo. Y se han recrudecido. Parece que ya forman parte de nuestro paisaje y que nos hemos habituado a convivir con ellos. No son noticia casi nunca, a menos que “vendan” en un momento dado. Ya casi ni alcanzan para rellenar las cabeceras de los periódicos ni para remover las conciencias.
 
Y las personas que están sufriendo lo peor de la crisis viven entre nosotros cada día. Y son muchas. Son cada vez más. Y están desesperadas. Y ya no creen en casi nada. Ni en la política ni en las instituciones. Se marginan y las marginamos.
 
Entre el 2008, fecha del inicio de la crisis, y el 2011 esta comunidad autónoma, según el informe “Desarrollo humano y Pobreza” del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ha liderado el aumento de la pobreza en España, con un incremento del 21%, casi el triple de lo que creció en el resto de los territorios. Desde el inicio de la crisis la pobreza se ha acrecentado aquí en un 102%; según Unicef, la pobreza infantil alcanza al 29% de la población; casi tres mil niños se encuentran en situación de desamparo; 254.000 hogares canarios viven como pobres; hay más de 600.000 ciudadanos que no pueden llegar sin deudas a final de mes; uno de cada tres canarios (el 33,8%) está bajo el umbral de la pobreza; un tercio de los habitantes de esta tierra subsiste con menos de diez euros al día; un 17,9, según el CIS, vive con ingresos inferiores a 600 euros al mes (la media del Estado es de un 8,4%); el 62% de los hogares isleños no tiene capacidad apara asumir gastos imprevistos; según el CES por cada año que pasa la pobreza crece en Canarias a razón de cuatro puntos porcentuales; el consumo por persona es un 18,6% inferior al de la media estatal; el comercio minorista desciende sus ventas en un 10,2%; se producen desahucios cada día; solo el 0,2% de la sociedad canaria aglutina el 80% de la riqueza, y las clases medias se van empobreciendo poco a poco; los jóvenes se nos van…
 
Y detrás de todo esto la lacra del desempleo. Mientras en España la media de personas en paro es de un 27,16%, en Canarias las cifras sobrepasan el 34% (295.824 desempleados). Y con los jóvenes sucede otro tanto, mientras la media peninsular está en un 53,2%, aquí se alcanza la cifra del 70%. Somos la comunidad donde más ha aumentado el paro en términos absolutos. Frente a un 41,5% de parados registrados que no reciben ningún tipo de prestación en la península, aquí ya nos acercamos al 45% (44,7%, un total de 130.314 personas); 118.000 hogares isleños tienen ya a todos sus miembros en paro; más de 81.000 (uno de cada cuatro desempleados) llevan al menos tres años sin encontrar trabajo (el triple que Navarra, por ejemplo).
 
Los datos son lacerantes. Y mientras nos golpean y nos noquean, nos encontramos con un Gobierno central, títere de la troika, sin ideas, sin proyectos y sin modelo económico, que no para de hacer ajustes y recortes en derechos y prestaciones para contentar al sistema financiero. Y para demoler el Estado de bienestar, que al fin y al cabo no se trata para los ultraliberales sino de un lujo que alimenta a los ociosos. Y no se contenta con desmantelar la sanidad y la educación sino que ha dado un hachazo mortal a los servicios sociales reduciendo sus partidas presupuestarias a la mínima expresión (deroga prácticamente la Ley de Dependencia, disminuye en más de un 20% las aportaciones al Plan concertado de Prestaciones Básicas, va a por las pensiones…) y se dispone a eliminar la posibilidad de que sean los municipios quienes los gestionen para pasar completamente sus competencias a las comunidades autónomas. Mientras, sostiene un enfrentamiento brutal con Canarias, a la que niega el pan y la sal sin reconocer las deudas históricas y los diferenciales con el resto de comunidades que hacen que cada canario reciba casi 400 euros menos que la media peninsular en inversiones y servicios (casi 800 millones anuales). Se eliminan las ayudas al transporte aéreo, las partidas más importantes para infraestructuras, para planes de empleo, para el sector agrícola… En definitiva 200 millones menos para esta tierra en los presupuestos del 2013. Y se llegó a jugar incluso con la posibilidad de un Pacto por Canarias que se diluyó como un terrón de azúcar frustrando las expectativas de la sociedad y quebrando una esperanza de entendimiento y colaboración.
 
Pero el Gobierno de Canarias no se queda a la zaga. De manera mimética repite los esquemas de austeridad sin fin, presumiendo además de haber bajado el déficit más allá de las indicaciones del Gobierno central. Haciendo recortes y ajustes allí donde les duele a los que menos recursos tienen. Poniendo en jaque la educación y la sanidad. Disminuyendo las prestaciones sociales, cerrando escuelas infantiles, reduciendo las aportaciones para incentivar el empleo… Y lo que es más grave todavía: no es capaz de articular una propuesta creíble para la ciudadanía, distinta de la queja frente al Estado (en gran parte legítima). No existe una estrategia definida contra el paro y la pobreza. No se han diseñado unos servicios sociales consensuados con los cabildos y los municipios para apoyar decididamente a los que peor lo están pasando. Improvisa con los desahucios, los comedores escolares en verano o proponiendo un mini plan de empleo con el dinero de los ayuntamientos. Tenemos un enorme déficit democrático, con una ley electoral antidemocrática que produce un desequilibrio brutal. No existe un modelo económico alternativo, diversificado y fiable que pase por la I+D+i, la sostenibilidad medioambiental, las energías renovables y sus industrias anexas, por el sector primario y la industria agroalimentaria, por las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, por una industria ligada a estos sectores, por inversiones en economía verde y economía social… No existe política alguna encaminada a transmitir esperanza, conseguir la cohesión social necesaria, dinamizar la economía, y crear empleo.
 
Según los últimos sondeos del CIS, ocho de cada diez canarios desconfían del presidente Rivero y desaprueban su gestión y un 42% cree que un gobierno del PP no mejoraría la situación. Y entonces ¿por qué no se produce un estallido social? Porque mucha gente tiene miedo a empeorar su situación si se moviliza; porque no deja de crecer el descreimiento y la impotencia; porque siguen funcionando las redes familiares, aún a costa de arrastrar al empobrecimiento a los abuelos pensionistas y al resto de la familia solidaria; porque las onegés están dando el callo y haciendo justicia social en sustitución del Estado; porque los ayuntamientos y sus servicios sociales están funcionando modélicamente. Tal vez por eso precisamente se les quiere dejar sin sus competencias, profundizando en la desprotección del ciudadano y truncando el valor de la proximidad, porque como decía Albert Camus, la superioridad del ciudadano se consigue ejerciendo su poder a través de asociaciones libres, sindicatos y municipios: “el sindicato contra el partido, el municipio contra el Estado, el individualismo solidario contra la sociedad de masas”.
 
Pero no dejamos de estar situados sobre un volcán (no me refiero al geológico, que también) que puede estallar en cualquier momento. La política y los partidos, de manera genérica, no están dando respuestas a las demandas de los ciudadanos. Se les sacrifica una y otra vez sin ningún pudor y se les pide resignación La ciudadanía no encuentra protección en el Estado. Y ya da lo mismo la Constitución (si hace falta se cambia por la vía de urgencia), los compromisos electorales o el sufrimiento. Están por salvar a la banca, por reforzar el euro, por reducir el déficit socializando las pérdidas y, paradójicamente, acrecentando las deudas públicas cada día. Dicen que eso es lo que nos depara el nuevo orden mundial. Si no lo tuerce un estallido social. Sabrá Dios de que signo, señor obispo.
 
Antonio Morales Méndez es alcalde de Agüimes.
Comentarios de este artículo
Enviado el 10/06/2013 a las 05:14
Cierto. No cabe duda. Pero hay una pata que se esconde en su discurso y hace que se venga abajo: con qué financiamos al Estado.
Comentario enviado por Pasamontañas
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