15/04/2018 - 09:00

Familias y participación en la escuela ¿hasta dónde?

Esteban G. Santana

Esteban G. Santana

Desde la escuela se viene demandando desde hace algunos años mayor implicación de las familias en los centros educativos. Ante el tema que nos ocupa quiero plantearles dos problemáticas, que aunque sean particulares, creo que atienden a una situación más generalizada de lo normal en la escuela de hoy en día.

 

La primera, es la opinión que tienen algunos   docentes sobre lo que ellos llaman la "intromisión" de los padres en los asuntos del colegio. La segunda, la petición no atendida de una madre que pretendía  escolarizar a sus mellizos en la misma clase en infantil de 3 años.  ¿Hasta dónde la participación de las familias en la escuela? ¿Cuál es la frontera entre las competencias del centro-profesorado y la familia? En España el derecho a la participación está recogido  en el artículo 27, apartados 5 y 7, de la Constitución Española.

 

Por ello, debe ser garantizado por los poderes públicos, promovido por las administraciones educativas y ejercido por parte de las familias.

 

El Capítulo I de La Ley Canaria de Educación, en su artículo 9, en el punto 1 señala que "Las familias cuentan entre sus derechos básicos, además de los establecidos por la normativa básica del Estado, y los que reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias, con la participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos, de acuerdo con lo que se regula en la presente ley".

 

Es el artículo 5 de esta misma Ley la que señala el derecho de las familias  a participar activamente en la gestión y organización del centro, fundamentalmente a través de sus asociaciones representativas –Ampas–, así como de sus representantes en el Consejo Escolar. Pero, ¿cómo debe ser esta participación y colaboración? Las familias alegan que muchos centros son "cotos cerrados" donde la participación es nula o casi nula por parte de las familias, no por no querer, sino por no poder. 

 

Hay un estudio denominado "La participación de las familias en la educación escolar" publicado por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes y el  Consejo Escolar del Estado, donde en uno de sus capítulos se hace una síntesis de los elementos más significativos  sobre la participación de las familias en la educación escolar, orientada a facilitar a las administraciones educativas, a los diferentes componentes de la comunidad escolar y a la sociedad española en general, aquellos aspectos que deben ser tomados en consideración por todas las partes implicadas en la mejora educativa y en el éxito escolar. 

 

En este documento se señala que la participación de las madres y de los padres en las etapas escolares es un derecho y, a la vez, un deber básico en las sociedades democráticas que  requieren un clima de confianza entre las personas que promueva el respeto mutuo, facilite la cooperación entre los diferentes protagonistas y motive la participación, precisando para ello  los conocimientos y las habilidades necesarias del profesorado y familias, para que sea una participación eficaz y no quede solo en palabras.

 

Por ello, y según apunta este documento editado por el Ministerio de Educación, las relaciones entre las familias y el centro educativo deben incluir la comunicación con el profesorado, la participación en eventos, en voluntariado y en grupos de decisión del centro, pero también en la corresponsabilidad ante los resultados del aprendizaje.

 

Y es aquí donde quiero incidir, en la corresponsabilidad. ¿Hasta dónde pueden intervenir las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la gestión del centro? Llegado a este punto podemos visualizar que en los centros educativos hay una tendencia a concretar y contextualizar los derechos de las familias y a aumentar el número de ámbitos de cooperación entre estos y los centros. Pero lo que está claro es que existe un vacío muy grande en este sentido y mientras unos aluden a la poca participación de las familias en los centros, los otros, las familias, argumentan la política poco aperturista que tienen algunos centros educativos.

 

Corresponsabilidad, evaluación  y sentido común son las herramientas básicas para que la participación sea realmente eficaz.  Corresponsabilidad, en tanto en cuanto las familias y los gestores del centro educativo actúen de forma activa y coordinada. En cuanto a la evaluación de los resultados de la participación, casi nunca se dan, es necesario conocer quién participa, con qué finalidad, en qué contexto lo hace, cuál es su procedencia.  Y por último el sentido común, que nunca es el más común de los sentidos. 

 

En esta línea destaco la propuesta de la Asociación Internacional de Participación Pública, que ha establecido una escala que denomina “escala de participación” y que bien nos podría servir para fomentar la participación en nuestros centros educativos. Esta escala supone un modelo de madurez de la participación, que lo primero que propone es informar de forma equilibrada, útil y objetiva, de forma que toda la comunidad educativa pueda conocer la realidad para plantear alternativas y soluciones.   

 

El segundo punto es consultar,  obtener  información proveniente de todos los sectores para realizar análisis, plantear alternativas o tomar decisiones en la esfera escolar. En tercer lugar, es necesario involucrar a todos los sectores de la comunidad escolar, teniendo en cuenta sus opiniones con la finalidad de que el proceso mejore asegurando que las decisiones que se toman han sido comprendidas por todos.  En cuarto lugar, la colaboración es fundamental para que todas las propuestas, visiones y acciones se puedan desarrollar. Y, finalmente, la última etapa de este modelo es el empoderamiento ciudadano. En el ámbito educativo, el empoderamiento de la comunidad educativa, que estaría orientado a dejar en manos del Consejo Escolar la decisión final sobre las cuestiones que afectan a todos. 

 

En definitiva, la participación debe ser accesible para todos los padres, independientemente de sus condiciones y su entorno, facilitando la igualdad de oportunidades, dejando al mínimo la burocracia que muchas veces lo que hacen es "espantar" más que "atraer", que sea un derecho recogido en las normas de funcionamiento y en el proyecto educativo, para que sea efectiva.

 

Que se garantice una participación real en los procesos de toma de decisiones del centro. Fomentar la información y comunicación necesaria  entre el centro y las familias- entorno, para ser más transparentes y eficientes. Incentivar a las familias a tomar parte de los problemas del centro, concienciando sobre la importancia para todos de un entorno participativo. Por último, que la participación tenga continuidad en el tiempo, no en un momento puntual, ni para una reunión o consejo escolar, sino para trabajar por un proyecto de futuro y constante.

 

Esteban Gabriel Santana Cabrera es maestro y asesor educativo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

 

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